"Si mi partido me lo pide, por supuesto que me iré"

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), está en el ojo del huracán mediático y político mientras espera la apertura de juicio oral, en la vía penal, por indemnizar con 4.220 euros a un medianero de una finca que compró el ayuntamiento y por tratar de abonar trabajos extraordinarios a personal municipal poco antes de la moción de censura que sufrió en 2013. Esta semana convocó un pleno extraordinario para explicar su situación judicial y reivindicar su inocencia. Toda la oposición le pidió la dimisión, pero Velázquez solo está dispuesta a dejar el cargo si el PSOE se lo solicita: “Si mi partido me lo pide, por supuesto que me iré”.
Según el código ético del PSOE, ¿usted debería dimitir cuando se abra juicio oral?
El artículo 427 Reglamento de Desarrollo de los Estatutos Federales, aprobado hace apenas un mes, aclara que, pese a lo que señala el artículo 5.2 del código ético, no es obligatorio dimitir cuando se abra juicio oral si no estamos hablando de un delito de corrupción o de un delito grave. Y nosotros esperamos que la Comisión de Ética y Garantías del PSOE entienda, tal y como es, que no se dan ninguna de esas dos características en los casos que nos afectan. Y que esa misma comisión haga suya nuestra posición de defensa, que va en la línea de que ninguno de los dos casos tenía que haber llegado al juzgado de lo penal y que podían haberse resuelto en el ámbito administrativo.
¿El PSOE no considera la prevaricación como un delito de corrupción?
Depende del delito de prevaricación. En este caso parece muy duro plantear la pena que se plantea, pero eso puede tener su origen en la propia denuncia, donde se da pie a pensar dos cosas: que existe la voluntad de pagar a los trabajadores municipales y que ese pago iba a convertirse en algo permanente. Eso no es cierto. Entiendo que cuando aportemos las pruebas que encontramos a partir de 2015, se aclarará. Hay constancia de que de la compra del terreno se detrajo dinero para pagar al medianero y que esa cantidad nunca llegó a abonarse hasta nuestra llegada al gobierno.
¿Qué le diría a la gente que puede pensar que usted se está aferrando al sillón de la Alcaldía, pese a estar inmersa en un proceso judicial?
Yo no me aferro al sillón. La oposición ha tenido la oportunidad de formar un gobierno alternativo. La mejor petición de dimisión es presentar una moción de censura. Cuando tomé posesión, les dije que si ellos querían asumir el gobierno, que lo hicieran. A mi edad y con mi trayectoria, nadie puede decir que me aferro al sillón de la Alcaldía de San Juan de la Rambla. Máxime cuando ni Cayetano Silva ni Ezequiel Domínguez ni yo cobramos un salario de esta administración. Eso lo podemos decir con la cabeza bien alta porque, en otros casos, ese posible sueldo sí parece ser una motivación importante para el acoso y derribo que sufrimos.
¿Qué irregularidades administrativas se produjeron en el expediente de la indemnización al medianero?
Los defectos que tiene el expediente, que vienen desde el año 2005, son la inexistencia de la comunicación del derecho de retracto y, posteriormente, la falta de una propuesta al medianero para que siga ejerciendo la misma labor para los nuevos propietarios, al menos por un periodo de seis años. Ahí hay un defecto de forma del propio expediente, iniciado por otro gobierno. Luego se produce una propuesta de pago de una indemnización al medianero de 4.220 euros, por parte de un primer teniente de alcalde de AIS-CC (José Luis Martín), que nunca se cumple, hasta nuestra llegada al gobierno. No era una reclamación patrimonial, que prescribe al año, esto era una reclamación de cantidad, para la que existe un plazo de 15 años. Nosotros entendemos que esta deuda de la administración estaba pactada y no se le pagó. En 2011 vino a reclamar un pacto de 2005, que pagamos en 2012.
¿Y en el caso del fallido decreto de pago de servicios extraordinarios a personal municipal?
El documento de encargo de los trabajos extraordinarios fuera del horario laboral se remitió al juzgado como prueba, pero nos indicaron que se tendrá que aportar en el momento del juicio. Pero sí que existe una relación de trabajos que esas personas hicieron. Algunos incluso encargados por el exalcalde Tomás Mesa, que luego llevó este decreto al juzgado.
Al no producirse el pago a los trabajadores municipales, usted sostiene que no hay delito...
Claro. Las características de la prevaricación son muy duras. Debe ser una decisión manifiestamente injusta; debe ser adoptada sin justificación; debe perjudicar a terceras personas; el responsable debe tener conciencia de actuar contra la ley, y no debe poder repararse de forma administrativa. Ambas cosas son reparables en vía administrativa. Basta justificar los trabajos.
Y si, pese a todo, el PSOE le pide que dimita cuando se abra juicio oral, ¿se marcharía o esperaría a la sentencia del juzgado?
Me pone en una situación que no me he planteado. Tengo el pleno convencimiento de que mi partido aceptará la argumentación que ha preparado mi defensa, que deja claro que hay unos expedientes mal tramitados de los que no tiene responsabilidad el vecino ni el político. Se dice que levanté un reparo con respecto al pago al medianero. Eso es cierto. No era un reparo directo del interventor, sino algo que hacía suyo de lo que planteaba el secretario, que no llevó el asunto desde su inicio. Lo levanté mediante un decreto, pero las administraciones levantan reparos de forma argumentada continuamente. Es el único reparo levantado en este ayuntamiento y mira como estamos. En otras administraciones levantan miles y no pasa nada.
¿No contempla el escenario de que el PSOE le pida la dimisión?
En su momento, si mi partido me lo pide, por supuesto que me iré. Pero me iré pensando que esta no es la política por la que yo me presenté por primera vez a las elecciones. Lo dije en el pleno y lo repito ahora. Si la política no es defender al más indefenso, no es actuar en justicia y compensando a las personas que tienen menos posibilidades de ser defendidas... Yo soy docente, estoy acostumbrada a compensar. No tratamos igual a los que inicialmente son distintos. No puedes tratar igual al que tiene un gabinete de abogados para enfrentarse a una administración que a aquella persona que apenas sabe venir a reclamar algo que le prometieron y le firmaron en una servilleta de una cafetería. Esa persona confía en la palabra de quien lo gobernaba. Por eso no pidió ningún certificado. Sería una agresión muy gorda a la democracia decir que la palabra de la administración vale distinto según quien sea el destinatario. Si eso es así, me retiraré del sufragio pasivo y también del activo.
Si se lo pide el PSOE, entonces sí dimitirá...
Por supuesto. Si me lo pide mi partido, sí.
Y si pudiera volver atrás, ¿actuaría igual en ambos casos?
En el caso del medianero sí, aunque quizás sí me guardaría más las espaldas indagando en el expediente En el caso de los trabajadores, también hubiera actuado igual, pero también resguardándome más.

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