La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife que inste al exconcejal socialista de Obras en el Ayuntamiento de Icod en el mandato 2003-2007, Maximino Fuentes, a iniciar "en el plazo de un mes" la demolición de una vivienda de dos plantas, y unos 240 metros cuadrados de superficie, que ordenó construir, en suelo rústico y sin licencia, cuando era concejal. El objetivo de esta obra ilegal fue compensar a un vecino que había cedido unos terrenos para la mejora de la carretera de Icod a Santa Bárbara. La propuesta de la fiscal es solicitar el ingreso en prisión del exedil si no derriba el inmueble, situado en el camino de Los Canarios, en Santa Bárbara.

La fiscal recuerda que "por sentencia de conformidad de fecha 13 de diciembre de 2016, fue condenado el penado Maximino Fuentes, en su calidad de concejal de Obras del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, por un delito contra la ordenación del territorio, además de un delito por prevaricación urbanística". Una pena de un año y cuatro meses de cárcel cuya ejecución se encuentra en la actualidad suspendida, aunque esa suspensión está condicionada al cumplimiento de una demolición que aún no se ha producido.

La fiscal cita la sentencia para recordar que "en ocasión de la primera fase de la obra de mejora de la carretera de Icod a Santa Bárbara, con pleno conocimiento de que no se contaba con la disponibilidad de los terrenos necesarios para su ejecución -lo que fue advertido desde el inicio por los técnicos municipales-, por afectar el proyecto a un terreno propiedad de este vecino, acordó verbalmente con él una compensación por el suelo que le iban a ocupar con las obras del proyecto".

El sistema de compensación que propuso el exedil fue construir, con cargo del Ayuntamiento de Icod, una edificación de dos plantas en otros terrenos cercanos, en el barrio de Santa Bárbara, que también eran propiedad de este vecino afectado por la obra de la vía.

El terreno donde el ayuntamiento solicitó a una constructora que edificara la vivienda para compensar a este vecino, que cedió parte de otro solar para la citada carretera, estaba calificado como no urbanizable, "por tratarse de suelo rústico de protección territorial, donde los usos residenciales están expresamente prohibidos".

Pese a la imposibilidad legal de edificar una vivienda en ese terreno, el exedil "solicitó verbalmente a la empresa adjudicataria del proyecto de obra municipal, la construcción de una edificación con fines residenciales, a sabiendas de la naturaleza del suelo, los usos prohibidos, la necesidad de previa y preceptiva autorización a otorgar por el Cabildo Insular de Tenerife (calificación territorial), y la ausencia de licencia", según explica la Fiscalía en su escrito.

"Hechos que llevo a cabo el acusado al margen de todo procedimiento administrativo, y sin hacer valoración económica de clase alguna, no llegando a fijarse siquiera, cual debía ser el precio", concluye.

El citado juzgado condenó a Maximino Fuentes a sufragar, "a su cargo y costa", todos los gastos de la demolición de la edificación de dos plantas que, según han indicado fuentes cercanas al caso, ya no pertenece al dueño del terreno, por lo que habría un tercero afectado.

La edificación de 240 metros cuadrados está parcialmente ejecutada. Y está compuesta por dos plantas con cimentación y estructura de hormigón armado y forjados unidireccionales de vigueta y bovedillas, así como tabiquería ejecutada con bloques de hormigón vibrado.

El exconcejal socialista ya cuenta, desde enero de 2018, con un proyecto técnico y una autorización de la Gerencia de Urbanismo de Icod para ejecutar las obras de demolición de esta vivienda ilegal.

La Fiscalía plantea ahora al Juzgado que Maximino Fuentes sea requerido para la ejecución de la demolición, y su inicio en el plazo de un mes, con el cumplimiento de las condiciones especiales que constan en la autorización municipal. Dejando el terreno en la situación anterior a la edificación. "En caso contrario", la fiscal solicita que "se le revoque el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, por incumplimiento de una de las condiciones: restablecer la realidad física y jurídica alterada". Lo que le obligaría a entrar en prisión.

Una sentencia acordada por los nueve condenados

El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife condenó en diciembre de 2016, a través de una sentencia de conformidad tras alcanzar un acuerdo con los acusados, la Fiscalía y la acusación particular, al exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta (PSOE) y a otros ocho exconcejales del gobierno socialista en la Ciudad del Drago en el mandato 2003-2007, entre los que se encontraba Maximino Fuentes. Todos fueron condenados a un año de prisión y doce de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística (salvo la exedil Carmen Casilda, condenada a seis años de inhabilitación por prevaricación continuada). Este acuerdo evitó que los condenados tuvieran que cumplir las penas de cárcel. En el caso de Maximino Fuentes, se le añadieron cuatro meses más de prisión (en total, un año y cuatro meses) tras declararse culpable de un delito contra la ordenación del territorio, por el caso de la vivienda, de dos plantas, aún pendiente de demolición en Santa Bárbara.