La Junta de Personal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, compuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y el CSIF, denuncian que el alcalde, su equipo de gobierno y, especialmente, el concejal de Seguridad Ciudadana y Relaciones Institucionales llevan a cabo una política "deficitaria, hostil y sectaria" que evidencia su "total desidia" hacia este colectivo y el "desprecio" por la seguridad, el servicio público y, por tanto, la ciudadanía.
Esta "situación de abandono" que sufre el cuerpo se constata "con la falta de medios" y en que sus "exiguas, viejas y temerarias instalaciones" constituyen un sistema de inseguridad colectiva. Definen el parque móvil como "una chatarra", con el furgón de atestados en el taller hace más de dos meses, lugar en el que "están normalmente" los tres vehículos restantes -con más de 15 años de antigüedad-, con el agravante de que, aún reparados, "presentan muchas deficiencias". El único vehículo patrulla operativo y con mampara está averiado desde el martes.
Asimismo, denuncian que hay un detector de drogas "guardado e inutilizado en un cuarto de la Jefatura" y los dos etilómetros carecen de certificado de verificación.
En una plantilla que consideran mermada -aseguran que faltan 25 efectivos para cumplir la ratio y la situación se agravará cuando entre en vigor la Ley de Jubilación anticipada de Policías Locales-, solo 40 agentes realizando servicio en la vía pública, por lo que los turnos están infradotados de personal, pues el resto de agentes trabajan en la unidad administrativa o prestando servicio en segunda actividad.
La cadena de mandos en los grupos operativos "no existe porque los oficiales deben realizar, en fraude de ley, las funciones de subinspector". Esta situación se agrava "cuando la media de los agentes es de 53 años.
La Junta de Personal señala que la última oferta de empleo público fue en 2010 y la dejó caducar suprimiendo 18 vacantes de policías locales de ese año.