La Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP) de USO solicita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigar la situación en la que se encuentran los 12 guardas rurales que en estos momentos trabajan para la empresa Tragsa en el Parque Nacional del Teide.
Desde dicha organización sindical quieren saber si la totalidad de esos empleados tienen la titulación para ejercer dicha labor.
Otra de las demandas efectuadas por USO consiste en que los agentes del Instituto Armado aclaren si la uniformidad y la dotación que portan dichos guardas es legal, en base a la actual Ley de Seguridad Privada.
En el supuesto caso de que ese personal porte armas, la Federación de Seguridad Privada pregunta en qué armeros depositan las mismas al finalizar su jornada y dónde están tales instalaciones.
Además, cuestiona si la sociedad Tragsa puede contratar a ese tipo de personal. Fuentes sindicales aclaran que los guardas rurales pueden ser contratados por empresas de seguridad privada, o bien, en el caso de que sean autónomos, por la propiedad de cotos de caza, por ejemplo.
USO desea que el Seprona aclare si los citados guardas rurales ponen realmente sanciones o multas a personas que pueden cometer infracciones en dicho espacio protegido. La mencionada Federación recuerda que un guarda rural únicamente está habilitado para efectuar propuestas de sanción. Desde la organización sindical aclaran que estas preguntas se realizan para tratar de evitar un posible caso de intrusismo profesional.
El asunto fue denunciado días atrás por Podemos en el Parlamento canario y en la cuenta de twitter de este partido se puso una foto de un guarda rural en el Teide.