Propietarios de las últimas casas del Sanatorio, en el Parque Nacional del Teide, anuncian a El Día que rechazan el proyecto de demolición que ha aprobado el Cabildo. Estos afectados tratarán de defender "por todas las vías legales" sus derechos y su patrimonio familiar, así como la memoria de sus antepasados, que construyeron estas edificaciones, y el "valor histórico" que otorgan a unos inmuebles que vinculan a la tradición del pastoreo en la cumbre, "mucho antes de que se creara el parque nacional", y a los intentos de crear un sanatorio para tratar enfermedades respiratorias en Las Cañadas desde finales del siglo XIX. Además, recuerdan que están dentro de senderos que "el propio Cabildo defiende como un punto de interés, conocido precisamente como el sendero de las casas del Sanatorio".

Estos afectados notificaron al Cabildo, en junio de 2018, su condición de propietarios de las edificaciones, "en tiempo y forma y durante el trámite de información pública". Por ello, lamentan que en el proyecto técnico del Cabildo, a disposición de la ciudadanía a través de Hey Tenerife, aún se hable de propietarios desconocidos y de que el Parque Nacional "intenta identificar" a los propietarios "por usucapión" de estas edificaciones, "ya que no figuran en ningún registro", tal y como publicó El Día el 11 de marzo.

Insisten en que las administraciones conocen su identidad "desde hace años", pues la propuesta de derribo de las casas del Sanatorio es "una pelea que viene de muy atrás".

Recalcan que este proyecto carece de consenso con los afectados y que son "varias las familias de personas que figuraban como titulares de las edificaciones, y que incluso llegaron a estar empadronados durante años, que luchan por la defensa de sus derechos con el objetivo de que esas viviendas no sean demolidas en ningún momento".

"Solo pretendemos defender lo que consideramos nuestro patrimonio familiar y solicitar respeto para su integridad y para la memoria de personas como Julián Álvarez Dorta", detallan.

Julián Álvarez Dorta llegó a gestionar un restaurante en la zona y estuvo empadronado allí, como una de sus hijas. Su familia explica que "durante años tuvo que soportar la presión, primero del Icona y luego del Parque Nacional, que le impedía el acceso en vehículo o la posibilidad de contar con agua".

Estas familias se oponen a los derribos, abogan por el mantenimiento de las edificaciones actuales y subrayan que no desean ninguna indemnización, "siempre que se respeten nuestras propiedades".

En el caso de que el Cabildo siga adelante con su proyecto de derribo, los afectados señalan que, obviamente, no renunciarán a sus derechos si son expropiados.