La Palma

Irichen dice que la ley específica para La Palma favorece la especulación turística

Según la asamblea ecologista, no pone techo explícito a la oferta, no cualifica suficientemente la oferta, o incluso la descalifica como el caso del turismo rural, y no impide el turismo de masas. Además, afirma que deja abierta la urbanización de los Espacios Naturales.

EL DÍA, S/C de La Palma
11/abr/02 22:31 PM
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La asamblea ecologista Irichen califica de "impresentable" la Ley de medidas turísticas específicas para La Palma elaborada por el Gobierno Canario. Según dice, en realidad lo que se plasma en el articulado de esta ley es aquello de que "todo vale en La Palma si es para favorecer la especulación turística".

Así, afirman que, por una parte, no limita en absoluto el turismo convencional ya que delega en el Plan Insular de Ordenación del Territorio la delimitación de las áreas de turismo convencional y "eso, en el caso de La Palma, es como decir que el turismo de masas está sin más control que el de la oferta y la demanda, ya que el PIOLP no existe, y aunque existiera todos sabemos que en este asunto, como en todos los demás, el Cabildo no tiene capacidad política frente al poder de los ayuntamientos, que son la correa de transmisión de los intereses especulativo-turísticos".

Por otra parte, dicen que hace una rebatiña con todo el suelo rústico, ya que "la ley lo contempla como un espacio único de intervención que homogeneiza el suelo forestal, el suelo residual, el suelo agrícola y el suelo protegido".

Según los ecologistas, en ese suelo rústico que "tanto nos ha costado mantener a los palmeros, y único atractivo turístico que podemos ofrecer donde nadie se puede hacer una casa con menos de cinco o diez mil metros, resulta que desde ahora y hasta el 2006 esta ley lo pone en bandeja para el uso turístico, primando este uso sobre cualquier otro".

Mención aparte les merece la posibilidad que esta ley deja abierta a la urbanización de los Espacios Naturales, especialmente los parajes protegidos. "De lejos huele que esta apertura favorece a conocidos nombres y apellidos que están detrás de operaciones especulativas ya famosas en la historia de la lucha ecologista en Canarias. Estamos ante el enésimo intento de permitir la urbanización del paraje natural de Tacande por parte del Ayuntamiento de Los Llanos y los promotores del difunto plan parcial Aridane Golf", señalan.

Tampoco pasan por alto los ecologistas el tratamiento que hace la ley del turismo rural, al que "recorta gravemente los parámetros de calidad poniendo en un único nivel la casa rural antigua restaurada, modelo en el que tanto dinero público se ha invertido con las construcciones en suelo rústico, muchas veces ilegales, que engrosan la oferta turística clandestina de La Palma".

Dicen también que esta ley es permeable hasta lo impensable, ya que "no pone techo explícito a la oferta, no califica suficientemente la oferta o incluso la descalifica, como es el caso del turismo rural, y no impide el turismo de masas". A juicio de Irichen, lejos de propiciar un desarrollo sostenible del turismo, lo que hace esta ley es machacar el principal recurso con el que cuenta esta Isla para el desarrollo turístico, que es el paisaje, hipotecando en cuatro años el futuro turístico de la Isla e imposibilitando modelos alternativos. "Más bien se podría decir - aseguran - , que es una ley antiturística, redactada a la medida de aquellos a los que las vigentes leyes impiden el negocio a corto plazo".

Los ecologistas recuerdan por último que "esta ley que se ha presentado como la versión palmera de la ley de moratoria turística y que es de aplicación en La Palma, La Gomera y El Hierro, se la debemos al Cabildo y a los grupos de presión que siempre han estado detrás de los grupos gobernantes. Y es que el presidente del Cabildo puso en su día el grito en cielo por la aplicación de la ley de moratoria turística proponiendo como alternativa una ley que recogiera las especificidades del modelo turístico que los palmeros hemos definido. No dijo, sin embargo - añaden los ecologistas - en qué documento está definido ese modelo ni cuándo fue aprobado por el gobierno insular".