El elevado movimiento de carga de áridos que se está produciendo en las carreteras de la Isla a raíz del inicio de las obras de ampliación del puerto de Tazacorte, que lleva aparejado un continuo desplazamiento de camiones de gran tonelaje, ha agudizado uno de los problemas más notables del transporte por carretera, el sobrepeso en el que incurren muchos transportistas motivados por la búsqueda de una mayor rentabilidad económica, ante el bajo precio obtenido por cada viaje con material, a raíz de los recortes que las empresas realizan para ajustarse a la crisis.
Casi medio centenar de vehículos de carga, que pertenecen a la flota de varios profesionales, se dedican en estos días a llevar escombros de todo tipo hasta el puerto (que necesita más de un millón de metros cúbicos para la ampliación), contratados por la UTE que desarrolla los trabajos. Como si de una comunidad de hormigas se tratase, desfilan a lo largo del día hacia el mismo punto, por dos vías posibles, la carretera que cruza el casco urbano de Tazacorte o la que baja al barranco de Las Angustias y pasa por el barrio de El Puerto.
En ciertos momentos, cuando lo decide el Servicio de Inspección de Transportes del Cabildo insular, estos camioneros se enfrentan a una temida báscula móvil que permite pesar sus vehículos de grandes dimensiones, controlando su exceso de carga con la ayuda de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en La Palma. En ese instante, se evidencian las condiciones irregulares en las que se están produciendo estas cargas.
Multas de 4.600 euros.- Según confirman las fuentes del Cabildo y del destacamento de Tráfico consultadas por EL DÍA, el sobrepeso, en algunos casos desmesurado, sale a la luz en la mayoría de los camiones que son investigados, lo que motiva los expedientes sancionadores que degeneran en multas de 4.600 euros para el transportista implicado y de una cuantía inferior, por debajo de los 500 euros, para la empresa contratante del servicio.
Una vez que la báscula móvil detecta si el vehículo padece un exceso de peso sancionable, se actúa en consecuencia remitiendo el parte correspondiente al departamento de Transportes, en donde se hacen efectivas las denuncias a los vehículos controlados.
Peligro de accidentes.- El riesgo que supone la presencia de un camión con el doble de la carga permitida pasando por una zona habitada, aumentando considerablemente el riesgo hacia los ciudadanos en caso de accidente, motiva a los inspectores y agentes a actuar de forma inmediata.
Sin embargo, ni la inspección ni los controles han evitado el trasiego de los grandes vehículos. Así, se producen varios impactos evidentes por este práctica alejada de la normativa, como son una mayor inseguridad por un brutal aumento de la peligrosidad en caso de accidentes, los altos consumos de combustible (aumentando las emisiones nocivas al ambiente) y una competencia desleal contra los transportistas que trabajan en regla. Además, en un periodo de tiempo más amplio debe sumarse el daño que el paso de los camiones sobrecargados va a provocar en las carreteras y vías urbanas, acelerando su deterioro.
Precios a la baja.- Pero, como cualquier conflicto en el que se enfrentan dos visiones de un mismo problema, existe también la versión de los profesionales que infringen las reglas. Esa que se aleja de la legalidad, pero que defiende el bolsillo de un trabajador que busca liquidez en medio de un oscuro panorama económico en el mundo de la construcción y la obra pública.
Los transportistas están abocados a aceptar las condiciones impuestas por las empresas que ejecutan el proyecto, en este caso la ampliación del puerto de Tazacorte. No cobran por viaje, sino por metro cúbico transportado, a un precio a la baja de tres euros (según afirman ellos), lo que se convierte al final en la excusa ideal para sobrecargar el camión y rentabilizar el transporte. De no ser así, no ganarían ni para pagar la cantidad de gasoil que consumen.
Normativa estricta.- En ese marco, afirman algunos transportistas afectados, "lo único que buscamos es sobrevivir. Trabajamos escondiéndonos y hasta ahora escapamos con algo de sobrepeso. Pero es cierto que cada vez hay más controles y esto se está complicando. Está claro que con un camión de 18 toneladas al que se le permiten 9.000 kilos de carga, al precio que están pagando ahora, no podríamos trabajar. En tiempos de crisis los que tienen exprimen a los más débiles, y en este caso somos nosotros".
La legislación, para estos profesionales, "resulta muy estricta, porque con camiones como los nuestros, rígidos de dos ejes, la Administración ha ido a un mínimo de kilos permitidos. Nosotros sabemos que los fabricantes de estas carrocerías permiten una mayor carga, por lo que no consideramos que sea un problema de seguridad vial".