El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane, que ha imputado al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, junto al viceconsejero, Miguel Ángel Pulido, y otros 33 cargos públicos y técnicos de diversas administraciones por facilitar la edificación de una parcela situada en El Puerto de Tazacorte pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo contraria a su urbanización, ha encargado la realización de un informe a un perito arquitecto independiente para constatar las condiciones urbanísticas del suelo de Los Tarajales en la actualidad.

Según ha podido saber EL DÍA por diversas fuentes vinculadas al procedimiento judicial, desde el órgano instructor de la causa se pretende conocer la opinión de un técnico que no esté vinculado a las partes en conflicto sobre la situación urbanística del suelo cuestionado, a fin de complementar las versiones obtenidas en la toma de declaración que se realiza a varios inculpados y a los testigos citados.

La parcela de Los Tarajales, en donde se ha construido un complejo residencial con 24 viviendas en primera línea costera, no era urbana, según sentenció el Supremo en noviembre de 2005, pero aparece como tal en el Plan General de Ordenación de Tazacorte aprobado por el ayuntamiento y por la Cotmac en julio de 2004. Por ello, el juzgado realiza un recuento de los servicios necesarios (aceras, asfaltado de vías, alumbrado público, red de saneamiento, red de agua potable...) para que se considere el suelo como urbano, según se recoge en la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Sin competencias

En cuanto a la presencia de un consejero del Gobierno de Canarias aforado entre los imputados, esta redacción confirmó ayer que la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias solicitó por escrito hace varios días al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane que se inhiba del procedimiento judicial, frenando las actuaciones en el mismo, para que sea remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El traslado de las diligencias al alto tribunal está recogido en la legislación, dentro del fuero especial del que gozan los diputados para ser juzgados. En ese sentido, tal y como reclaman los Servicios Jurídicos, el juzgado llanense carece de competencias para investigar a un aforado.