La defensa que el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, realiza públicamente de la actuación de su equipo político en el caso de Los Tarajales a favor de la edificación del suelo no resultó tan convincente en el momento en el que prestó declaración judicial. En la misma, según ha podido constatar EL DÍA, llegó a afirmar ante las preguntas de la fiscal de delitos medioambientales, Inmaculada Violán, que sabía que "si se confirmaba la sentencia de la Audiencia Nacional contra Los Tarajales, el edificio había que demolerlo".
Rodríguez Martín reconoció que "existía la posibilidad de que cambiara el deslinde después de la sentencia de la Audiencia Nacional, pero la misma no era aún firme, por eso actuamos. En ese sentido, "sabíamos que si se confirmaba esa sentencia, el edificio tendría problemas". Además, añadió ante la insistencia del Ministerio Fiscal, "el edificio se encuentra en zona de servidumbre (en los 100 metros implantados por el Estado), por lo que en ningún caso podrá utilizarse para uso residencial".
Esas declaraciones incluidas en el sumario que instruye la jueza María Teresa Luarca, que se hacen públicas un año después de producirse, junto con las de los otros 30 imputados (miembros de la Junta de Gobierno y de la antigua Cumac), contradicen las afirmaciones públicas hechas por el alcalde en defensa de la ejecución de un edificio en las que lo considera "legal porque está avalado por el nuevo PGO y no está cuestionado por una sentencia que es inejecutable porque se refería a las antiguas Normas Subsidiarias".
Sus palabras en el juzgado desvelan incertidumbres y contradicciones a la hora de concretar si se conocía o no la sentencias provisionales o firmes que existían en el momento en el que se dieron los permisos para ejecutar la actuación edificativa del suelo.
Primero, afirmó: "La autorización para ejecutar las obras fue aprobada después de conocer la sentencia del Supremo, pero como la Cotmac nos dijo que era inejecutable, porque era sobre un planeamiento obsoleto sustituido por otro, decidimos otorgarla". Luego justificó lo dicho ante el Ministerio Fiscal: "No conocíamos las sentencias del TSJC ni de la Audiencia Nacional en el momento de otorgar la licencia". Por último, ante la insistencia de la fiscal volvió a reconocer su primera afirmación: "Cuando votamos la autorización ya sabíamos que existía la sentencia del Tribunal Supremo, pero la concedíamos conforme al nuevo planeamiento urbanístico".
En cuanto a la falta de actuación para paralizar las obras, el alcalde respondió que "los trabajos del edificio no se pararon porque nadie nos lo ordenó. El edificio ya está terminado y lo que estamos haciendo es revisar el planeamiento actual.
Lo que digan los técnicos.- La actuación del ayuntamiento, concretó en sus respuestas Ángel Pablo Rodríguez, se basa en el asesoramiento de técnicos municipales, de la Comunidad Autónoma y particulares: "son los que nos asesoran y dicen que es completamente legal lo que hemos hecho con las Normas Subsidiarias (1999) y con el Plan General (2005)".
Al respecto dijo que "los técnicos y juristas del ayuntamiento no tenían conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando aprobaron la licencia. Según los técnicos, esa sentencia está recurrida, no es firme y que por lo tanto se podía otorgar la licencia, porque tienen un informe jurídico aprobado por la Cotmac".
Sin embargo, reconoce que cuando Diursa solicitó la licencia, en marzo de 2005, se emitió un informe técnico que no se ha identificado (aunque dijo que creía que era del jurista municipal, Manuel Roque Concepción) en el que se dice que podría cambiar el deslinde. Así, "se solicitó informe a Costas y no contestaron, por lo que interpretamos que el silencio era positivo". Al respecto, aseguró desconocer la normativa que establece que mientras se está tramitando un deslinde costero no se pueden otorgar licencias.
Informes contradictorios.- Además, el alcalde también sabía que existían informes jurídicos negativos del Gobierno de Canarias que no se tuvieron en cuenta en el acuerdo de la Cumac. Sin embargo, aseguró que "consultamos a los servicios jurídicos municipales y a otros técnicos y nos dijeron que era conforme a derecho. También consultamos la licencia con Juan José Olano (jefe de Urbanismo del Gobierno de Canarias) y nos dijo que se podía dar".
Esa licencia, concluyó, "fue apoyada además hasta por el Partido Socialista desde la oposición en un comisión previa a la Junta de Gobierno que la concedió. Nosotros queríamos otorgar el permiso porque era el único sitio donde se podía edificar en el municipio".