España envió ayer su candidatura al Observatorio Europeo Austral (ESO, en sus siglas en inglés) para alojar en la Isla el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT), una propuesta de 300 millones de euros en especie de los cerca de 1.000 millones del coste total del proyecto, lo que supone "un destacable esfuerzo" teniendo en cuenta la coyuntura económica actual.
Además de la propuesta económica del Ministerio de Ciencia e Innovación, hay que tener en cuenta que para la decisión final, el comité científico de la ESO, que se reúne el próximo martes en Alemania para analizar las diferentes propuestas que tiene sobre la mesa, valorará principalmente los factores científicos y técnicos y que España tienen en este sentido "un importante competidor para la ubicación final de la infraestructura científica", según reconoce el Gobierno central al referirse a la candidatura presentada recientemente por Chile, que ya acoge diferentes telescopios de la propia ESO.
Empresas españolas.- La oferta en especie garantizará que sean las empresas españolas las que puedan llevar a cabo las diferentes fases que conlleven la construcción y puesta en marcha de la infraestructura, ya que "cuentan con la capacidad y experiencia irrefutable de haber participado ya en la construcción del mayor telescopio óptico del mundo", el Gran Telescopio de Canarias (GTC), ya ubicado en el Roque de los Muchachos.
La propuesta española "quiere contribuir así al impulso de la economía canaria y española y de su tejido empresarial, abriendo nuevas oportunidades a las empresas con intereses estratégicos en el ámbito del equipamiento y la instrumentación gracias a la construcción de la nueva infraestructura científica".
Requisito difícil de asumir.- La oferta española es competitiva, tal y como se comprometió el Estado, sin embargo no está claro que sea ganadora, sobre todo por un requisito que destaca el Gobierno pero que, según diferentes fuentes consultadas por EL DÍA, es difícil de asumir por cualquier ente europeo.
España ofrece 300 millones de euros, pero quiere garantías de que las actuaciones que se hagan con ese dinero sean adjudicadas a empresas españolas. Lo que en principio puede parecer lógico, no lo es tanto. Es muy complicado encontrar vías legales, según varias fuentes, para que la Unión Europea sólo deje participar a empresas españolas en las obras a realizar, negando la posibilidad de competir a entidades de otros países.