Un día después de que la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, calificara de "tímida" la apuesta del Gobierno autónomo para conseguir para La Palma el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT), el Ejecutivo autónomo salió ayer en su propia defensa y aseguró que el esfuerzo económico que ha ofrecido es muy superior al peso relativo que tiene el Archipiélago en la economía del Estado, además de defender que no se trata en plano de igualdad a Canarias y a otras comunidades como Euskadi.

El director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz Alzola, se mostró sorprendido por las declaraciones de Garmendia en el Senado y recordó que la inversión en infraestructuras que ha puesto la Comunidad autónoma encima de la mesa supone el 15% de la financiación, a pesar de que "representamos apenas un 4% del Producto Interior Bruto y un 2,1% del gasto nacional en investigación y desarrollo (I+D)", subrayó.

Ruiz Alzola fue más allá al considerar que el Estado ha tratado de manera desigual al País Vasco y a Canarias en la consecución de grandes infraestructuras científicas y que, si bien ha dado cuenta de exhaustivas gestiones diplomáticas para que Vizcaya albergue la fuente europea de espalación por neutrones, en el caso de las Islas "ha asegurado que no es necesario llevarlas a cabo".

Para quien pueda pagar

Para el director de la agencia, exigir a autonomías como Canarias una aportación mayor a la que se ha ofrecido supone violar el principio de igualdad, ya que las únicas que podrían acceder a las grandes infraestructuras científicas serían las que puedan pagarlas, aunque aquellas que no sean capaces de hacerlo "sean las únicas con condiciones para que estas infraestructuras estén en ellas", añadió.

A su juicio, el Ejecutivo central no ha llevado la estrategia adecuada para lograr el "supertelescopio" entre otras cosas por su falta de planificación, cuya consecuencia habría sido no plantear a las Islas la necesidad de aportar parte del coste hasta el pasado 22 de enero, además de una falta total de comunicación.

"Nos plantean la necesidad de nuestra aportación por carta, sin ni siquiera una reunión, además de pedirnos el 50% del coste. Constantemente hemos pedido información al ministerio y nos han dado la callada por respuesta", subrayó Ruiz Alzola, quien insistió en que, en el caso de La Palma, es el único territorio español con condiciones.