La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Pilar Merino, informó ayer al Pleno del Parlamento Autonómico de las medidas adoptadas tras los escapes de ejemplares procedentes de la actividad acuícola producidos el pasado mes de febrero en las costas de Tijarafe, a consecuencia de las fuertes lluvias y vientos registrados en la Isla, que provocaron daños en las instalaciones acuícolas.
Merino explicó que se ha solicitado a las cofradías de pescadores un informe en el que se indique la renta media de los profesionales afectados por el escape principalmente de lubinas, peces depredadores que están exterminando a las especies propias de los fondos marinos de La Palma, con el objetivo de establecer ayudas que puedan compensar las pérdidas que hayan podido sufrir durante este tiempo.
La Consejería, según las manifestaciones de su principal responsable, ha llegado además a un acuerdo con la Cofradía Nuestra Señora del Carmen para que se inicien las capturas de los animales escapados, "los cuales son adquiridos por la empresa Acuipalma, por un importe de 26 céntimos de euro por unidad". En este sentido, hay que indicar que aunque una gran cantidad de ejemplares han sido ya capturados en diferentes puntos de la geografía insular por los pescadores aficionados, hay que tener en cuenta que se escaparon unos 200.000 peces capaces de producir un daño muy difícil de cuantificar.
Por otra parte, se procedió a dar traslado a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias de los escritos presentados por las empresas de cultivos marinos Golden Ocean SL, Acuigigantes SL, y Acuipalma SL, entidades a las que se les requirió un informe detallado sobre los efectos causados por el escape. En este sentido, la concesionaria de la actividad "ha acreditado haber cumplido las condiciones estipuladas en la concesión administrativa que les permite desempeñar la acuicultura en la zona".
Por su parte, la diputada socialista Carmen Acosta acusó ayer al Gobierno de Canarias de "abandonar y marginar" al sector pesquero, "como lo demuestra su nula preocupación por las consecuencias del escape de más de 200.000 ejemplares de lubina y el hecho de que hayan esperado dos meses para reunirse con los pescadores afectados".
Acosta entiende que "ante la gravedad de esta actitud", lo normal en cualquier sociedad "sería que se depurasen responsabilidades", por lo que insta a la consejera, como máxima representante del departamento autonómico, "a asumir esa responsabilidad o a realizar algún cese en el área regional".
La diputada socialista sostiene que las medidas adoptadas tras ese encuentro con los representantes de las cofradías de pescadores "no han servido para paliar el desastre que están padeciendo ni para tranquilizar al sector", haciendo especial hincapié en el carácter depredador de la lubina, "por lo que tantos ejemplares sueltos, invadiendo los caladeros de pesca tradicionales y muy cerca de la Reserva Marina, están ocasionando una verdadera catástrofe".