La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias anunció ayer en una comisión parlamentaria que está preparando un plan de contingencia ante posibles escapes masivos en instalaciones de acuicultura, que incluirá un sistema de emergencia, y además estudia la posibilidad de endurecer las medidas que deben aplicar en este asunto las empresas dedicadas a esta actividad.

Así lo manifestó la consejera, Pilar Merino, quien afirmó que Canarias colabora en un informe nacional sobre el asunto y se encargará de estudiar el impacto de los escapes masivos de peces en instalaciones acuícolas, para lo que efectúa el análisis correspondiente en Gran Canaria, de forma que la incidencia sobre el ecosistema sea la mínima.

Así lo manifestó la consejera, Pilar Merino, quien afirmó que Canarias colabora en un informe nacional sobre el asunto y se encargará de estudiar el impacto de los escapes masivos de peces en instalaciones acuícolas, para lo que efectúa el análisis correspondiente en Gran Canaria, de forma que la incidencia sobre el ecosistema sea la mínima.

Esa situación se produjo el 26 de febrero en una de las empresas acuícolas de La Palma, en la costa de Tijarafe y Tazacorte, la cual avisó de que el temporal había provocado un escape de una jaula, por lo que la Consejería contactó con las cofradías de pescadores para intentar capturar el mayor número posible de ejemplares.

Críticas del PSC

Sobre este asunto, la diputada palmera del PSC, Carmen Acosta, consideró que la Consejería ha hecho "más bien poco" y se ha limitado a sacarse "dos fotos vacías de contenido", pues los escapes continuarán en La Palma ante la falta de un plan de emergencia. Acosta reprochó además a la Consejería que intentase abonar 26 céntimos de euro por cada lubina que capturaran los pescadores, cuando el precio en el mercado de cada ejemplar ronda los 5 euros.

Al respecto, la consejera respondió que desde el inicio de la acuicultura en Canarias en 2001 ha habido escapes y de lo que se trata es de minimizar su impacto y consideró que nunca ha pretendido que los pescadores cobrasen 26 céntimos por ejemplar sino llegar a acuerdos entre ellos y las empresas afectadas para recuperar las piezas.

Asimismo, rechazó, "porque no es cierto", la insinuación del PSC de que la Consejería "se ha venido saltando las normas".