La Comisión Europea ve "prematuro" pronunciarse sobre la legalidad del proyecto de autovía prevista entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane en la isla canaria de La Palma que ha denunciado el ciudadano alemán Gerhard Holzinger en el Parlamento Europeo, contrario al proyecto.
Holzinger, cuya denuncia fue admitida a trámite por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el 8 de enero de 2010, pide que se realice "una evaluación de la sostenibilidad ambiental" del proyecto de autopista y revisar "el apoyo financiero de los Fondos Regionales a las regiones ultraperiféricas que cubra gastos de mantenimiento de proyectos de infraestructura" al insistir en que hay que optar por "mejorarse las carreteras existentes" en la isla en lugar de crear nuevas infraestructuras.
La funcionaria experta en Política Regional de la Comisión Europea, Beatriz Huidobro, ha explicado que las autoridades españolas han informado al Ejecutivo comunitario de que el proyecto cuestionado "no ha recibido ni va a recibir ningún tipo de financiación europea" y por tanto su financiación "recae en las competencias de las autoridades nacionales y regionales españolas".
Sin embargo, ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario "comparte plenamente la inquietud del peticionario" sobre la necesidad de "reforzar" infraestructuras ya existentes en el archipiélago canario.
Aunque el proyecto todavía no cuenta con una estudio de evaluación de impacto medioambiental, que "resulta obligatorio e imprescindible" en este caso "antes" de autorizar el proyecto teniendo en cuenta sus dimensiones y características, el experto comunitario en Medio Ambiente José María Ramos Florido ha considerado "prematuro" pronunciarse sobre la legalidad del proyecto dado que éste se encuentra en una fase "muy preliminar" de consulta pública, donde el peticionario puede hacer sus observaciones del proyecto al respecto.
"La Comisión considera prematuro analizar si hay identificación o no de infracción al derecho comunitario", ha concluido el experto, insistiendo en que la fase de consultación pública del proyecto constituye "el marco adecuado" para que el peticionario traslade sus "observaciones" y "alternativas que considere idóneas" al proyecto.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, encargada de estudiar las quejas de los ciudadanos de la UE, ha acordado mantener abierta la petición y ver cómo se tiene "en cuenta" las observaciones del peticionario en una fase posterior del proyecto.