Mientras que la Administración, en sus distintos niveles, está llegando al final del proceso de autorización definitiva de la primera planta de asfalto del Valle de Aridane, que ayer recibió el visto bueno del Gobierno de Canarias y que está pendiente de la licencia final que debe dar el Ayuntamiento de Los Llanos, en el juzgado se ha iniciado, por el contrario, a raíz de una denuncia presentada por una plataforma vecinal, un procedimiento judicial para determinar si ese expediente ha sido legal y si la industria cumple las leyes ambientales y de salud pública.
La jueza Concepción María Rivero Rodríguez, que instruye las diligencias previas abiertas (234/2010), ha decidido encargar a un perito ambiental (químico o biólogo), un informe independiente sobre las condiciones en las que se ha autorizado esta planta de aglomerado asfáltico, así como sobre la afección de la misma sobre los recursos naturales y la salud de las personas.
Según recoge la notificación judicial de 15 de marzo, a la que ha tenido acceso EL DÍA, se ordena a un especialista que "visite la planta e informe al juzgado de si la instalación cumple las condiciones establecidas en el permiso otorgado por la Dirección General de Industria el 20 de enero de 2010 y en la licencia de instalación que dio el Ayuntamiento de Los Llanos el 12 de febrero de 2009".
Además, al mismo perito se le solicita "una evaluación sobre la afección que pudiera tener su actividad en los recursos naturales o en la salud de las personas, atendiendo a las características de la planta y la proximidad de los espacios residenciales, además de analizar las conducciones de agua, acuíferos próximos, características geomorfológicos y atmosféricas, y el resto de aspectos ambientales".
Por otra parte, la jueza ha librado oficio dirigido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que visite el polígono industrial del Callejón de la Gata e informe de si está en funcionamiento y la distancia hasta las zonas habitadas.