Los agricultores palmeros, principalmente plataneros, están siendo auditados por un equipo de inspectores laborales y agentes de la Policía de Extranjería que están inspeccionando "in situ" parcelas y fincas en la Isla para sacar a la luz una situación fiscal y laboral irregular que de forma generalizada se extiende por el sector agrario insular. Buscan trabajadores sin contratos, trabajos fraudulentos e incompatibilidades con ayudas públicas (prestaciones a desempleados y jubilaciones).
En pocos días de intervención, los inspectores han detectado, según ha confirmado EL DÍA, multitud de situaciones fraudulentas, tanto de carácter laboral como fiscal, que han motivado la imposición de sanciones económicas a muchos agricultores.
Mas de 4.000 cosecheros de la Isla, muchos de ellos no profesionales o jubilados, propietarios o titulares de pequeñas explotaciones de carácter familiar, e incluso arrendatarios o aparceros, han sido fiscalizados para hacer constar sus actividades económicas y rentas complementarias que no estaban vigiladas hasta ahora.
Al respecto, el sector agrícola palmero, que además de los plataneros incluye a multitud de viticultores y productores de cítricos, nunca había vivido una experiencia de este tipo, considerada una inspección general, sino solo visitas a menor escala. Ahora, tras la aprobación de una ley que pretende sacar a la luz la economía sumergida en España, se prioriza el control de cualquier movimiento económico que genere ingresos.
Sin aviso previo, los inspectores han puesto la vista en el campo palmero y sus intervenciones en fincas han hecho aflorar todo tipo de irregularidades económicas. Desde el punto de vista fiscal, se analizan las rentas complementarias de quienes trabajan las cosechas, sean o no familiares. Desde el laboral, se quiere acabar con impagos a la seguridad social, contratos abusivos a extranjeros o actividades complementarias al cobro de prestaciones por desempleo.
Esta auditoría general ha cogido por sorpresa a todo el sector agrícola palmero. Y son muchos los que hablan de una situación abusiva. Las asociaciones de agricultores están recibiendo muchas quejas y consultas. Incluso, ASPA (Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos) estudia la realización de charlas informativas, recomendando que se acuda a asesores laborales.
Los agricultores más longevos no entienden las inspecciones, sobre todo los jubilados. Hablan de que si no cuidan ellos las fincas tendrán que abandonarse muchos cultivos familiares y se perderá toda una cultura tradicional vinculada al campo, en el peor momento económico que se recuerda en la Isla, en la que una pequeña producción permite subsistir a muchos hogares. En ese sentido, consideran que detrás de esta inspección se esconde la política recaudadora de la Administración pública.