El gobierno insular, de Coalición Canaria y Partido Socialista, aprobó ayer con su voto las cuentas del año 2012, en las que además de una reducción de casi 4 millones de euros (pasa a contar con 79,7 millones) con respecto al presente año, se recoge, según afirmaron, una reestructuración programada de la empresa pública Sodepal que ha sido motivo de discrepancias con el Partido Popular en el debate presupuestario.

Según afirmó la presidenta, Guadalupe González Taño, "hemos rebajado un 30% (más de 600.000 euros) las aportaciones del Cabildo a su empresa, se ha ajustado el personal en un 50% (de 82 a 43) y además las encomiendas a esta entidad pasan de 14 a 7 previstas para 2012. Es evidente, los números hablan solos, que se está reestructurando Sodepal en busca de una mejora en su eficiencia".

Esa reestructuración, aclaró González Taño, "no solo afecta a este organismo, también al resto de entidades de esta administración y a todas las áreas de la misma, teniendo en cuenta que debemos ajustarnos a la realidad que vivimos, centrando nuestros esfuerzos en sectores productivos que permitan mejorar la economía y en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales".

Desde el PSC, el vicepresidente Anselmo Pestana aseguró que no han cambiado de discurso con respecto a Sodepal: "Esta entidad es útil y se está mejorando, que es lo que todos queremos. En seis meses se analizarán en profundidad todos los proyectos que se realizan en la misma, para centrar sus esfuerzos en la generación de recursos con exportaciones de productos hacia el exterior".

Sin embargo, el portavoz del PP, Carlos Cabrera, mantuvo las tesis manifestadas por la oposición en una rueda de prensa de días pasados, sobre la continuidad de los gastos de Sodepal. No creyó los argumentos de CC y PSC, por lo que anunció que pedirá una certificación a Intervención para que confirmara el dinero que el Cabildo destina a esta empresa. Al respecto, volvió a acusar a los socialistas de protagonizar cambios radicales de parecer, en función del puesto que ocupa.

El grupo de gobierno aceptó dos de las 29 enmiendas presentadas por el PP, en el ámbito de Servicios Sociales, aunque CC y PSC criticaron la intención de los populares de dar de baja a partidas vinculadas al mantenimiento de residencias de mayores aún sin abrir, como la de Puntallana.