El que se presumía como un negocio redondo para los ayuntamientos, con la obtención de recursos económicos inmediatos para afrontar obras, pago de servicios o contrataciones de personal, ha terminado siendo una pesada loza para las arcas municipales. Tres de los cuatro ayuntamientos que privatizaron el servicio de abastecimiento de agua potable acumulan deudas cuantiosas con la misma empresa concesionaria que deberán afrontar en los próximos años, tras hipotecar 25 años de un servicio de pago obligatorio para el ciudadano.

Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y Breña Alta, además de El Paso que lo hizo sin concurso en un proceso anulado por el juzgado, se aventuraron, uno tras otro, a privatizar el servicio de abastecimiento de agua a cambio de un importe de dinero líquido estipulado en un canon.

La cuantía mayor se obtuvo en Santa Cruz de La Palma. La capital palmera recibió unos 8 millones de euros en septiembre de 2007 por adjudicar 25 años de agua a Canaragua, un dinero con el que sufragó una parte de la considerable deuda municipal de unos 16 millones de euros. Sin embargo, ahora, cinco años después de la operación, se acumulan impagos con esa misma empresa por valor de más de 1,5 millones de euros, según estimaciones ofrecidas por fuentes municipales.

En Tazacorte, el actual grupo de gobierno ha informado públicamente de la existencia de una deuda con Canaragua de más de 500.000 euros, acumulada desde 2007, cuando se adjudicó el servicio, incluido el saneamiento, por un importe entregado en su momento de 1.012.000 euros (también por 25 años). Esa deuda existe pese a que, en este caso, es la propia empresa la que cobra el agua a los más de 5.500 habitantes del municipio. En la misma se incluyen obras hechas a cargo de Canaragua, como la Fuente de San Miguel (en la foto), aún sin pagar.

A estas dos localidades se une El Paso, que fue el primero en privatizar el agua, en 2005, mediante una concesión directa sin concurso y sin canon que luego fue anulada por el juzgado. En este caso, el actual grupo de gobierno anunció (tal y como publicó EL DÍA el pasado día 3 de diciembre) la existencia de una deuda municipal de más de 800.000 euros con la misma empresa.

Tan solo Breña Alta se mantiene al día en los pagos o en la relación contractual con la entidad privada. A penas mantiene una deuda testimonial de 7.000 euros procedentes del mantenimiento de las depuradoras locales, según confirman en Intervención. Este municipio adjudicó el servicio de agua en julio de 2006 por un valor de 1,5 millones de euros, en un a localidad de más de 7.000 habitantes y que dispone de un Laboratorio de Calidad del Agua.

Barlovento pretendía ser el quinto municipio en seguir ese camino, pero tras habilitar un concurso público, la concesión quedó desierta. Pedía un canon de 240.000 euros por 25 años.

Ahora, según las pretensiones anunciadas, toca el turno de Los Llanos de Aridane, que lleva anunciando desde hace varios años la posible privatización del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio. Es el más poblado de la Isla y se supone que será un negocio más redondo que los anteriores. ¿O no?