El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una sentencia en la que reconoce el derecho de la plantilla de la Policía Local de El Paso a percibir un incremento de retribuciones que vienen reclamando desde hace tres años. El fallo judicial obliga al Ayuntamiento de El Paso a aumentar la nómina de sus 11 policías locales equiparándolos con el resto de funcionarios de la Administración Local.

Así, la mejora económica de estos agentes supondrá, según ha podido confirmar EL DÍA, una media de unos 150 euros por policía y mes, a razón de 12 pagas anuales. La cifra total asciende a unos 20.000 euros más cada año sobre el coste de la plantilla, una cantidad que debe incorporarse al capítulo de gastos de personal del presupuesto municipal de forma obligatoria. El actual grupo de gobierno de la Administración Local ya ha iniciado los trámites para incorporar esa orden de pago en las cuentas de 2012, actualmente en fase de elaboración.

En la sentencia se explica que la reclamación judicial realizada por los agentes no fue contestada por el órgano político existente en el consistorio en el momento en el que se presentó la denuncia, por lo que los trabajadores ganaron su derecho a percibir las mejoras solicitadas, entre otros asuntos, por silencio administrativo.

Los policías, que estaban por debajo en complemento de destino y complemento específico del resto de funcionarios del ayuntamiento (incorporados al grupo C, subgrupo C-1), se sentían doblemente perjudicados por su situación laboral, ya que la bajada que sufrieron los funcionarios por orden estatal repercutió a estos agentes en función de su reconocimiento económico actual.

En marzo de 2006, Comisiones Obreras firmó el último convenio de los funcionarios del Ayuntamiento de El Paso, que contemplaba mejoras sustanciales con respecto a otros anteriores, con una antigüedad de más de diez años. Ese convenio tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

El acuerdo consolidó derechos que, si bien no estaban reflejados en ningún acuerdo por escrito, se venían disfrutando por parte del personal. Asimismo, se mejoraron las prestaciones sociales que se habían quedado desfasadas, facilitando un mejor engranaje de la vida laboral y personal de los trabajadores. Según anunciaron en su momento, en ese acuerdo se incluía un capítulo de especificidades dentro del cuerpo de la Policía Local.

Si embargo, los agentes decidieron en junio de 2009 acudir a los tribunales, bajo el amparo de CCOO, para solventar un conflicto laboral que se mantenía abierto con el ayuntamiento, mediante la reclamación de una serie de mejoras económicas que no eran reconocidas desde la Administración local y que sí recogía la Ley Canaria. Para ello, decidieron presentar un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La plantilla de once policías locales agotó la vía de la negociación administrativa con los diferentes grupos de gobierno que pasaron por la Administración Local. Según explicaron esos gobernantes, se denegó la solicitud de los agentes en base a varios informes técnicos que resultaron negativos. A cambio, se ofreció la posibilidad de negociar el convenio colectivo.