Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con fecha de enero de 2012, obliga al Ayuntamiento de Tijarafe a pagar una factura de casi 90.000 euros que no se abonó hace 16 años, siendo alcalde el nacionalistas Juan Manuel González Luis, cuando se ejecutó un encargo realizado a la empresa Canaragua por parte de la Administración local para la construcción de un depósito de agua y la red anexa en el barrio de La Punta.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ya había dictado sentencia previa en contra del ayuntamiento con fecha de junio de 2011, pero fue recurrida por la corporación local. Esa sentencia apelada ya condenaba a pagar la cantidad requerida (89.781 euros) sin hacerle responsable del pago de las costas del proceso judicial.

El ayuntamiento alegaba la prescripción de la deuda contraída por contrato de 1996 con la empresa, la posterior emisión de las correspondientes certificaciones de obras y con un acto de recepción de los trabajos realizado en junio de 1997. Sin embargo, no se ordenó hasta abril de 2010, por la junta de gobierno local, la devolución del aval que la empresa había prestado para asegurar la ejecución de la obra, fecha que se considera por parte del tribunal como el punto de partida del plazo de prescripción de la deuda que, por lo tanto no ha finalizado.

Por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tijarafe y, ahora, además, le impone el pago de las costas del procedimiento judicial abierto en segunda instancia.

Pago fraccionado

Según han manifestado desde el actual grupo de gobierno, conformado por Partido Popular y Partido Socialista, se ha negociado un acuerdo con la empresa Canaragua para que se permita el fraccionamiento de la deuda que se imputó al ayuntamiento. Al respecto, según concretó el concejal de Hacienda, Ricardo Cáceres, los 90.000 euros se abonarán en tres anualidades.

Desde la Administración local afirman que han confirmado que la actuación a la que se refiere la sentencia fue realizada mediante subcontratas con otras empresas y que, al parecer, el ayuntamiento reclamó la presencia de obras sin hacer. En cualquier caso, aseguran desconocer el motivo por el que no se pagó en su momento ese compromiso económico, arrastrado desde hace más de una década.