El abogado del Estado en el Tribunal Supremo Emilio Jiménez Aparicio, contratado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane como consultor externo para informar sobre el proceso administrativo seguido en el expediente realizado para la concesión de la licencia de apertura de la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Ruiz Romero, ha remitido ya las primeras conclusiones de su informe jurídico al grupo de gobierno (PP-PSC), en las que avala la legalidad de toda la documentación técnica elaborada para la puesta en marcha de la instalación industrial, aún pendiente del permiso para iniciar la actividad.

El contenido exacto de ese documento aún no ha trascendido públicamente pero, según ha confirmado EL DÍA por varias fuentes municipales, esas conclusiones del letrado estatal fueron remitidas en días pasados al grupo de gobierno como borrador del informe definitivo, aún sin firmar, que se entregará en breve. Desde ambas formaciones políticas se evitó ayer hablar de ese documento, aunque no negaron su existencia. Eso sí, aclararon que "es parte del trabajo que se está realizando, un borrador que no se entiende como definitivo. Una vez sea recibido con la firma de Emilio Jiménez Aparicio se hará público".

En cualquier caso, el grupo de gobierno se reunió en la tarde de ayer para, entre otros asuntos, valorar el contenido del borrador del documento jurídico y para conocer los posicionamientos políticos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista a raíz de sus conclusiones a favor de los trámites administrativos realizados para otorgar los permisos a la planta de aglomerado asfáltico.

Vinculante para el PP

Ese informe no es vinculante, en cuanto al proceso administrativo necesario para el otorgamiento de los permisos definitivos, pero sí lo es para que el PP de Los Llanos de Aridane adopte su posicionamiento final, ya que vinculó su decisión al contenido del mismo, tal y como aclaró en una nota de prensa remitida en el momento en el que anunció el encargo, el pasado 25 de marzo.

En aquel comunicado, se aclaró que "en compromiso con la transparencia informativa y la correcta gestión del expediente de las plantas de asfalto", se encargó la revisión de todos y cada uno de los documentos que constan en el mismo, desde su inicio en 2006 hasta la actualidad, al abogado del Estado en el Tribunal Supremo, en calidad de consultor externo al proceso administrativo que actualmente tiene abierto la corporación municipal para la concesión de la licencia de apertura a la empresa Ruiz y Romero.

Para el PP, se consideró vital la opinión de este profesional de reconocido prestigio nacional, que además cuenta con una dilatada experiencia como abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas, que ha sido director general del Servicio Jurídico estatal y consejero nato del Consejo de Estado en el Ministerio de Justicia, director general del Secretariado del Gobierno y abogado jefe del Ministerio de Relaciones con las Cortes, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Empleo, entre otros.

Posteriormente, el PSC aclaró que su postura firme e irrenunciable, diga lo que digan los informes jurídicos, es la de anular la licencia "aunque esto suponga el que haya que indemnizar al empresario", anunciando su voto en contra. Eso sí, también aclararon que el pacto firmado con el PP permite esa discrepancia política.