Las conclusiones que apuntan los informes jurídicos encargados por el ayuntamiento para revisar el expediente de la planta de aglomerado asfáltico de Ruiz Romero en Los Llanos de Aridane, que dan por bueno todo el proceso administrativo realizado hasta ahora, sitúan al grupo de gobierno (PP-PSC) ante la tesitura de adoptar una decisión sobre la licencia de apertura que, de ser contraria a su autorización, podría suponer un coste considerable para la administración local.

Tanto los estudios económicos que se realizaron por parte del anterior grupo de gobierno (CC) en 2009, como los que maneja la propiedad de la instalación industrial ejecutada en el polígono industrial del Callejón de la Gata, sitúan la posible indemnización en una cifra que ascendería a los 50 millones de euros, en el caso de que pese a ser legal no se otorguen los permisos.

La cifra se calcula en base a dos conceptos: la responsabilidad patrimonial, derivada de los gastos acarreados al inversor, y del llamado "lucro cesante" que se refiere a la pérdida de una ganancia (beneficio previsto) que se entiende legítima como consecuencia de la decisión de la administración pública.

Por una parte, la empresa ha cifrado en unos cinco millones de euros el coste de ejecución de esta instalación industrial. Una cifra en la que se debe de sumar el valor del suelo adquirido, la elaboración del proyecto, la construcción de la planta al completo y los gastos de mantenimiento (sueldos principalmente) de la misma hasta la fecha.

Por la otra, se ha calculado, en base a los datos de evolución del mercado, una cifra de unos 45 millones de euros de negocio o volumen de facturación en los próximos diez años, casi a razón de cinco millones de producción anual, que es el tiempo estimado como necesario para poder replantear la ubicación de la instalación si es que se encuentra otro suelo disponible y que cumpla con todas las exigencias legales.

En cualquier caso, si no se diera la licencia y el empresario presentase una más que probable demanda, la jurisprudencia suele exigir una carga probatoria muy elevada, siendo los jueces muy cautelosos a la hora de conceder el derecho al "lucro cesante".

La empresa Ruiz Romero, que acaba de poner en marcha un ERE por su escasa actividad productiva, presentó la solicitud de licencia de apertura hace ya más de un año, pero estaba pendiente de un depósito de emergencia del polígono que acaba de finalizarse.