El Instituto Canario de la Vivienda ha remitido a los vecinos de Fuencaliente que recibieron ayudas económicas para la reposición de las casas afectadas por el grave incendio del verano de 2009 una carta en la que se les comunica el inicio de expedientes de reintegro de las subvenciones concedidas al no haber sido justificado el 100% de la obra ejecutada.

Las subvenciones fueron entregadas a principios de 2010, tras las valoraciones técnicas realizadas. El Ejecutivo canario ingresó ayudas tras dar el visto bueno a 53 solicitudes de viviendas habituales y 45 no habituales dañadas, pagando hasta el 50 por ciento de los desperfectos en las primeras residencias y hasta 12.000 euros en las segundas. Se desconoce cuántas familias de Fuencaliente han recibido la nueva misiva del Gobierno, en la que se da de plazo hasta el próximo lunes, día 14 de mayo, para la presentación de alegaciones o, en caso contrario, proceder al reintegro de los auxilios económicos concedidos.

Los afectados, que han buscado el amparo del ayuntamiento, están desesperados ante la posibilidad de tener que devolver un dinero que invirtieron en rehabilitar sus casas, que fueron destruidas, arrasadas en muchos casos, por el incendio forestal que acabó atravesando el casco urbano sureño. Aseguran que en la resolución de concesión de subvenciones, publicada para hacer frente a los daños del fuego en sus residencias, se advertía de que era suficiente con justificar la ayuda concedida, tal y como hicieron antes del día 31 de diciembre de 2010, pero no en presentar facturas o certificaciones del 100% de la obra.

Un número importante de beneficiarios de las ayudas, que según diferentes fuentes alcanzaron hasta los 100.000 euros, fueron personas de avanzada edad, que contaron con la ayuda de familiares o incluso de vecinos a la hora de ejecutar las obras. "Debe quedar claro que las ayudas están justificadas hasta el último céntimo y que ahora lo que nos reclaman es la devolución del dinero por no haber justificado el 50% de la obra que nos correspondía financiar a nosotros", afirmó una de las afectadas, que hizo especial hincapié en que "la carta que nos mandan no es para que presentemos las facturas, ese plazo ya acabó en diciembre de 2010, y para los que pidieron una prórroga, en enero de 2011, sino que es para que justifiquemos por qué no las presentamos".

Otro de los que perdieron su residencia durante el devastador incendio hizo especial hincapié en que el Instituto Canario de la Vivienda "se acoge ahora a la ley general de subvenciones, que dice que hay que justificar el 100% de la obra, y no en la resolución para estas ayudas. Hay vecinos que si llegan a saber esto, renuncian al auxilio económico y hacen los arreglos poco a poco. Muchos creemos que existe un afán recaudatorio del Gobierno de Canarias y no ganas de solucionar el asunto".