La empresa Ruiz Romero Firmes y Construcciones SL ha invertido unos tres millones de euros en la adquisición, instalación y proyectos para la explotación de la planta de asfalto ubicada en el Callejón de la Gata, en Los Llanos de Aridane, la cual no podrá poner en funcionamiento tras una sentencia judicial en primera instancia que el ayuntamiento decidió no recurrir. En esta cantidad se incluye también tanto la compra como la reparcelación y acondicionamiento del terreno.

Ruiz Romero adquirió a precio "de oro" la parcela en el polígono industrial en 1999, después de que el ayuntamiento aprobara el desarrollo del Callejón de la Gata. Siete años más tarde, en 2006, tras conocer que la corporación llanense había autorizado la instalación en la zona de industrias de aglomerado asfáltico, decidió comprar "de paquete" la planta por casi 900.000 euros, que inicialmente situó cerca de la urbanización Benahoare, en Santa Cruz de La Palma, para ser utilizada en la vía de circunvalación de la capital. En 2009, la empresa recibió la licencia municipal para trasladarla al polígono llanense, tal y como hizo.

En los gastos realizados por la empresa se contabilizan multitud de proyectos y ajustes posteriores de la planta para cumplir con las exigencias tanto sobre emisiones de gases a la atmósfera como de ruidos, que, según los informes de los técnicos contratados por el propio ayuntamiento, cumplió a rajatabla.

Ruiz Romero Firmes y Construcciones SL esperaba recibir de forma inmediata la autorización para comenzar la actividad, pero después de conocer la sentencia, que daba la razón a los vecinos que en defensa de su salud nunca se rindieron, hasta que un juzgado les dio la razón sobre la distancia mínima de este tipo de industrias con zonas pobladas, los servicios jurídicos de la empresa estudian, según fuentes vinculadas a los mismos, los pasos a dar en defensa de sus derechos, sin descartar incluso reclamar además los beneficios dejados de obtener al no poner en marcha la planta.

El grupo de gobierno en Los Llanos de Aridane es consciente de que el ayuntamiento podría acabar en los tribunales por daños y perjuicios e incluso la alcaldesa, Noelia García, el concejal de Urbanismo, Antonio Rocha, y el portavoz del PSC, José María de Vargas, mantuvieron esta misma semana un encuentro con el promotor de la planta para tratar de buscar una salida, sin llegar a un entendimiento. El propio abogado contratado por la corporación local, Martín Orozco, deja claro la posible responsabilidad patrimonial del municipio.