La sociedad mercantil pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, amañó supuestamente un procedimiento negociado sin publicidad con la falsificación de las firmas de dos veterinarios de la Isla, para adjudicar un contrato de servicios superior a los 3.300 euros al mes, más IGIC, al exalcalde de Los Llanos de Aridane, el nacionalista Juan Ramón Rodríguez Marín, según la documentación a la que ha tenido acceso El Día, además de las manifestaciones de los dos profesionales utilizados en este posible fraude.

El concurso estaba dirigido a la contratación del servicio para visitar las cabañas ganaderas de caprino y bobino de todas las explotaciones de La Palma, supervisar los trabajos realizados por otros veterinarios, asesorar a los ganaderos e informar a la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre los resultados del trabajo realizado.

El consejero delegado de la citada empresa pública, José Luis Rodríguez Lorenzo, asegura en un documento oficial que se cursó invitación a los veterinarios Rafael Matos Lorenzo, Juan Ramón Rodríguez Marín y Alejandro Escuder Gómez. Dentro del plazo de presentación de ofertas, tan solo se recibe una propuesta del exalcalde de Los Llanos de Aridane, "aceptando las condiciones generales de la prestación de servicios indicada en el documento contractual", mientras que los otros dos profesionales invitados al procedimiento negociado "no presentan oferta alguna". Por tanto, el servicio se le adjudica a Marín, con un contrato de seis meses, desde el día 1 de febrero de 2012, prorrogable por otro semestre más, por 3.333 euros al mes más el IGIC.

En el expediente se incluyen las invitaciones supuestamente cursadas para que participaran en el procedimiento negociado a los veterinarios Alejandro Escuder Gómez, con dirección en la calle General Yague de Los Llanos de Aridane; y a Rafael Matos Lorenzo, en calle Cruz Roja de Santa Cruz de La Palma. Ambos documentos están firmados por José Luis Rodríguez Lorenzo junto a lo que parecen las firmas del recibí de ambos profesionales.

Con esta información sobre la mesa, no deja de sorprender, aunque sea absolutamente legal, que uno de los veterinarios elegidos por el Gobierno de Canarias para participar en el concurso sea precisamente Juan Ramón Rodríguez Marín, no por dudar de su capacidad, que como profesional del ramo la tiene, sino por ser uno de los invitados, en lugar de otros, pese al largo tiempo que lleva fuera de la profesión por sus obligaciones políticas. También es extraño que los otros dos convocados al concurso no presentaran ninguna oferta, pese a la crisis actual.

El Día se puso en contacto tanto con Alejandro Escuder Gómez como con Rafael Matos Lorenzo para conocer por qué no les resultó interesante el concurso de Gestión del Medio Rural. Sus respuestas fueron tan contundentes como sorprendentes.

Escuder, que se mostró sorprendido tras ser cuestionado por su posible relación con este concurso, dejó claro que "trabajo con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Palmero (es técnico veterinario de esta agrupación) y no me ha llegado ninguna invitación para participar en ningún procedimiento del Gobierno de Canarias o de Gestión del Medio Rural sobre control de explotaciones ganaderas o de ganado de La Palma. Por tanto, no he firmado ningún recibí y si mi firma aparece en algún documento de este tipo es una falsificación".

En los mismos términos se expresó Rafael Matos. El reconocido veterinario apuntó sin ningún género de dudas que "ni me ha llegado invitación a concurso o procedimiento negociado alguno de Gestión del Medio Rural o de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Canarias ni he firmado ningún documento al respecto. Si aparece algo, es un fraude. No me gustaría que mi nombre fuera utilizado para este tipo de cosas".

El Cabildo ya financia a asociaciones para el mismo servicio que cubre Marín

El control de las explotaciones ganaderas de La Palma no ha estado prácticamente nunca bajo la supervisión de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Canarias ni de Gestión del Medio Rural, pese a ser de su competencia. El servicio que supuestamente salió a procedimiento negociado y que se adjudicó al exalcalde de Los Llanos de Aridane es igual o, al menos, muy similar, al que anualmente financia el Cabildo de La Palma, es decir, ya es un trabajo cubierto por la administración insular, por lo que se podría hablar de duplicidad o gasto con dinero público innecesario. En concreto, la corporación palmera destina 77.000 euros, partida que hasta hace dos ejercicios presupuestarios era de 100.000, a las dos Agrupaciones de Defensa Sanitaria de la Isla, que se encargan de contratar a veterinarios para desarrollar un efectivo trabajo de campo, explotación por explotación, para ver cómo están los animales, además de poner en marcha programas sanitarios muy importantes para los profesionales del sector. Antaño existían cuatro agrupaciones de este tipo, en Garafía, Los Llanos de Aridane, Mazo y Puntallana. Tres de ellas se agruparon, representando a la mayoría de los ganaderos, y una sigue por su cuenta. Para mayor control, existe la Agrupación de la Cabra Palmera, que identifica a este tipo de animales. Quizás por ello, Juan Ramón Marín haya prestado sus servicios "sin dedicación exclusiva", pese a los 3.333 euros al mes más IGIC, tal y como recoge el contrato con GMR, pudiendo ejercer por cuenta propia o de terceros otras actividades económicas y laborales, "con la única limitación de no interferir en la normal ejecución y cumplimiento" del servicio firmado con la empresa dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, curiosamente dirigida, o no tan curioso, por el que también fuera exalcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Hernández, su "padre" político.