El profesor de música condenado por abusos sexuales a dos menores de apenas 14 años, Marcos Francisco Lorenzo Afonso, mantiene su actividad docente en el colegio Juan XXIII de Tazacorte como si nada hubiera ocurrido, al menos desde el punto de vista laboral, mientras la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sigue sin tomar ninguna decisión sobre la petición del ayuntamiento bagañete y familias con hijos en sus clases de que deje el colegio.

El consejero regional de Educación, José Miguel Pérez, manifestó ayer que "todavía no hemos visto la sentencia; a veces se enteran antes los medios de comunicación que la propia administración, que no puede situarse al margen de las sentencias de los tribunales. Cuando nos llegue la sentencia, la analizaremos con todas las garantías para todo el mundo. El objetivo es proteger la realidad de nuestros estudiantes, pero también el estado de derecho nos exige el cumplimiento de los mandatos que vienen de los tribunales". En este sentido, dijo que "les puedo asegurar que actuaremos con todo el rigor".

Sin embargo, otras fuentes vinculadas con el caso afirman que Educación ya está analizando la sentencia, aunque no llegó por los cauces oficiales, "y no es sencillo tomar una decisión". En este sentido, apuntan que la resolución judicial "no vincula los delitos cometidos por el profesor con su actividad docente. Si los hechos hubieran ocurrido contra una de las alumnas, ya estaría fuera del centro. No tenga ninguna duda. Hubiera actuado Inspección, con la apertura de un expediente y hasta que se resolviera, la Consejería lo tendría apartado del colegio. Pero como no es así, todavía sigue dando clases".

Estas mismas fuentes entienden que el juez "tendría que haber sido más explícito. Una solución podría incluso ser negociar con el profesor y buscar una salida para que pueda dar clases en un centro donde no haya menores. Es una salida que no se puede descartar, aunque hay que esperar a que los servicios jurídicos de la Consejería informen de lo que se debe hacer. Quizás al final se pueda despedir...".

José Miguel Pérez explicó ante los medios que "una vez se judicialice un caso de estos, la capacidad del expediente administrativo debe ser secundaria con respecto a la decisión judicial". Además, hizo especial hincapié en que "un lunar (Marcos Francisco Lorenzo Afonso) en un sitio, que puede ocurrir en cualquier colectivo, no debe empañar la labor de más de 22.000 profesionales de la docencia", ejemplos de "entrega, compromiso y dedicación a los alumnos".