La Fundación Doctor Manuel Morales ha colgado en su web oficial un comunicado con el que trata de aclarar los motivos que justificaron los despidos de los trabajadores que se encargaban de atender las fincas donadas por el galeno, una decisión a la que se opuso tanto el Ayuntamiento de Tazacorte como la Universidad Nacional a Distancia (UNED), como representantes en el patronato de esta entidad, que entendían que los dos trabajadores debían ser subrogados por la empresa que asumiera la gestión de las plantaciones plataneras.
La Fundación, a través de su tesorero y representante de la Universidad de La Laguna, Aldo González Brito, también aprovecha el comunicado para aclarar a la alcaldesa bagañeta, Carmen Acosta, que "en Tazacorte ejerce de alcaldesa; en la Fundación es un miembro más del patronato, y como patrona debería conocer y respetar los estatutos de la Fundación, y aceptar las decisiones democráticas de los acuerdos que se adopten. Flaco favor le hace a la memoria de un Hijo Adoptivo y Predilecto de su municipio, Don Manuel Morales, si no respeta y tergiversa su legado testamentario".
La contundente reacción de los responsables de gestionar los recursos donados por el reconocido doctor, que permiten conceder cuantiosas becas, llegan después de que la alcaldesa entendiera que los beneficios que se obtendrán por el despido de dos trabajadores del pueblo no eran ni mucho menos indispensables para mantener las ayudas que anualmente se conceden para tareas de investigación.
En el documento firmado por Aldo González Brito se aclara que las fincas objeto de la discordia "han pasado por diferentes etapas, desde una inicial en la que generaban pérdidas, con personal contratado para trabajarlas", a otras de arrendamiento y contrato de aparcería, en las que siempre "se incluía en las cláusulas la aceptación de dos trabajadores por el aparcero, que debía incorporarlos y asumir su coste durante la duración del contrato". Es decir, no podía despedirlos.
Esta situación "atípica", de contratar una finca con una carga de dos trabajadores que no ha seleccionado el aparcero, "es absolutamente inusual en este tipo de contratos, y contraria a los usos y costumbres de la zona", lo que ha motivado que "el reparto de beneficios de la producción de las fincas haya sido perjudicial para esta entidad, en relación a los contratos ortodoxos". Por ello, se acordó rescindir el contrato vigente y anunciar la apertura a nuevas ofertas.
Sin embargo, una de las empresas que optó a la gestión de las fincas, titular de la reconocida marca Morriña, afirmó en unas declaraciones publicadas recientemente por El Día que "a nosotros nos dijeron que no se podía despedir al personal, que eso era una cuestión innegociable, lo que condicionó nuestra oferta". Esa cláusula no se tuvo en cuenta para el adjudicatario.
A propósito, el tesorero de esta institución dice que "la decisión de la oferta a contratar se adoptó consultando a técnicos cualificados que conocían la producción y posibilidades de mejora de las fincas, en relación a otras de parecidas características, y en función de la mejor oferta económica presentada. La mejora suponía pasar de un 30% a un 38% de beneficios brutos para la Fundación, además de un compromiso de mejorar calidades y kilogramos de producción de plátanos".