La empresa pública Sodepal, dependiente del Cabildo de La Palma, ha tenido que pagar hasta 45 días por año trabajado para llegar a acuerdos con la mayoría de los siete trabajadores que tuvo que despedir recientemente con el objeto de reducir el déficit de la entidad, según pudo saber EL DÍA de fuentes ligadas a la propia negociación.
Sodepal pretendió pagar inicialmente a cada trabajador una indemnización de tan solo diez días por año de servicio a la empresa, al entender que es la cantidad que les correspondía después de la finalización de sus contratos por obras y servicios. Los afectados, por el contrario, defendieron que debido al tiempo que habían pertenecido a la entidad pública, en algunos casos más de dos años, tenían que ser liquidados como personal de plantilla, es decir, que se trataba de un despido en toda regla y no de la finalización de una relación contractual.
La novedad en el proceso de negociación fue que la representación legal de Sodepal decidió personarse en el acto de conciliación. Hasta la fecha, lo habitual era que la empresa del Cabildo de La Palma evitara este proceso de búsqueda de acuerdos y mantuviera sus tesis hasta que se celebraban los juicios. En este caso, uno de los despedidos aceptó las condiciones ofertadas inicialmente, mientras que con otros cinco se llegó a un acuerdo después de que se elevaran considerablemente, hasta los 45 días en algunos casos, el período de liquidación. Una trabajadora, al contrario, optó por no aceptar el ofrecimiento y seguir defendiendo por la vía judicial lo que entiende que son sus derechos.
Este aumento en el gasto por las indemnizaciones no supone un contratiempo para la economía de la entidad, ya que en su presupuesto de 2014 tiene previsto los costes de los despidos en el peor de los casos.
Sodepal, que contó con un centenar de trabajadores en los años de bonanza económica, la mayoría sin pasar por oposiciones, ha tenido que desprenderse de personal por la reducción de sus encomiendas o debido a que incluso las que tiene, como es el caso de la comercialización de productos agrarios, ha perdido producción y, con ello, negocio. En la actualidad cuenta con una treintena de trabajadores.
El responsable del funcionamiento de la empresa pública, el consejero Mariano Hernández Zapata, ya reconoció a esta redacción cuando se decidieron los despidos que "es muy doloroso tener que decirle a un trabajador que no puede seguir en la empresa", pero en las circunstancias actuales "es imposible poder mantener a todo el personal y yo estoy aquí, en política, para defender los intereses generales, aunque sé que son decisiones negativas".