El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane ha ordenado la paralización por prejudicialidad penal de una ejecución hipotecaria por valor de 1,3 millones de euros del banco Santander contra la entidad Inversiones Insulares Cock, conocida en La Palma por el enfrentamiento que mantiene con el Ayuntamiento de Tazacorte o, más concretamente, con Unión Bagañeta, después de que se le impidiera el desarrollo de proyectos turísticos en El Puerto.
El juez decidió frenar la ejecución hipotecaria, en un auto notificado a las partes el pasado 20 de febrero, al mantenerse abierto en diligencias previas y en el mismo juzgado, un procedimiento penal en el que se investiga la desaparición de 301.000 euros de la cuenta que uno de los avalistas del préstamo sin abonar tenía en el mismo banco, una cantidad de la que se desconoce su paradero. La empresa optó por denunciar al Santander, que no ha sido capaz de aclarar qué ocurrió con ese dinero.
Los hechos se remontan al 28 de enero de 2008. Uno de los avalistas del crédito hipotecario, Business Anglo American Cock SL, recibió ese día en una de sus cuentas dos ingresos. Uno fue por valor de 300.000 euros y otro de 6.000, de los que en la misma fecha desaparecieron 301.000 euros, sin que supuestamente ninguna persona de la empresa autorizara la operación ni se le informara del fin de la misma. Por aquel entonces, el Banco Santander ni tan siquiera había presentado la demanda por impagos de la hipoteca, que no se registró hasta finales del mes de abril de 2008, pero aún así gran parte de la cantidad ingresada desapareció sin explicación alguna.
El juez entiende ahora que "debe clarificarse qué destino se dieron a tales ingresos y por qué no se hicieron constar descontándolos en la liquidación que del crédito origen de esta ejecución se hizo, en claro perjuicio tanto para el ejecutado como para los avalistas". Es decir, desaparecieron los 301.000 y además, la entidad bancaria no descontó ni un solo euro de esa cantidad a los 1,3 millones que estaba reclamando a su cliente.
La investigación penal abierta intenta explicar qué ocurrió con el dinero que Business Anglo American Cock SL tenía en el Santander y, sobre todo, si la entidad bancaria cometió estafa procesal, es decir, si inició el procedimiento de ejecución hipotecaria por la totalidad del crédito concedido (1,3 millones) a sabiendas de que la empresa contaba con más de 300.000 euros en cuenta.
De ser condenado el banco, aunque dependerá de la investigación abierta, el juez puede sentenciar la nulidad de actuaciones y dejar sin efecto toda la ejecución hipotecaria. A propósito, es necesario subrayar que desde el día 18 de diciembre de 2008 se han ido subastando propiedades de la empresa firmante del préstamo y de los avalistas, lo que podría quedar sin efecto un lustro después, con los graves perjuicios que ello conllevaría para el Santander. La resolución del juez es apelable en la Audiencia Provincial.