La jueza instructora del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Los Llanos de Aridane rechazó el pasado 21 de febrero una solicitud del letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias para el sobreseimiento de las actuaciones respecto a sus representados en el procedimiento 222/2008, que corresponde a las investigaciones abiertas por supuestas irregularidades urbanísticas y de ordenación del territorio en Tazacorte, donde están imputados una veintena de personas, entre ellas ex altos cargos regionales y municipales y técnicos de diferentes administraciones, algunos de ellos incluso ya fallecidos.

El citado letrado también solicitó que se devuelva a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial el original del expediente administrativo del Plan General de Ordenación Urbana, obrante en esta causa tras ser entregado a la Policía Judicial el 23 de junio de 2009 por requerimiento del mismo juzgado. La jueza deniega tal petición, entendiendo que el mismo debe quedar a disposición del tribunal tanto en la fase de investigación como de enjuiciamiento.

El representante de los servicios jurídicos regionales plantea en su escrito el sobreseimiento de las actuaciones de los miembros que conformaron las sesiones de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en los años 1999 y 2005, cuando se aprobaron las Normas Subsidiarias y el PGO de Tazacorte. La jueza, sin embargo, mantiene a todos los imputados, advirtiendo al letrado de que "dada la magnitud de la causa y que aún no ha terminado en su plenitud la investigación de la misma, estese a la espera de lo que se resuelva tras su conclusión".

El procedimiento 222/2008 afecta a tres espacios diferentes del Puerto de Tazacorte, donde la empresa Inversiones Cock tenía previsto desarrollar un macroproyecto turístico, para lo que en principio contó con el apoyo económico del banco Santander, "relación" que también se encuentra en la vía judicial por la desaparición de 300.000 euros de la cuenta de una de las entidades del promotor de esta iniciativa, César Gil, tal y como ha informado EL DÍA.

Una de las zonas afectadas es Los Tarajales. El empresario vasco quiso comprar este suelo para la construcción de un hotel urbano. Sin embargo, apenas unos días antes de la firma ante notario de su adquisición, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que dejaba claro que no era un terreno edificable. La operación se frenó en el último instante.

Aún con todo, el Ayuntamiento de Tazacorte permitió al propietario del terreno, la empresa Diursa, la construcción de un edificio de viviendas, que en la actualidad acumula resoluciones judiciales que apuntan a su demolición.

También se encuentra dentro de este procedimiento el espacio denominado La Nao. La empresa Inversiones Cock contaba para esta zona con un proyecto residencial aprobado por el ayuntamiento. Sin embargo, la propia corporación bagañeta promovió una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que impidió desarrollar esta iniciativa empresarial, la misma que inicialmente había apoyado, beneficiando, por el contrario, con la alteración del planeamiento al dueño de un solar colindante.

En la misma línea, la jueza investiga lo ocurrido en El Pozo. El empresario César Gil tenía prevista la construcción de un hotel de lujo en un espacio anexo y estaba negociando la compra de esta parcela para dedicarla a la zona verde del complejo. Inicialmente no era edificable, pero una modificación en el PGOU hizo que fuera urbanizable, permitiendo un edificio de cuatro alturas a las mismas puertas de la instalación alojativa, que perdía con ello todo su encanto y tirando "por tierra" todo el proyecto para el desarrollo turístico de El Puerto.

Lista de imputados

La lista de imputados en el procedimiento 222/2008 afecta a una veintena de personas, muchas de ellas ex altos cargos que participaron en algunas de las sesiones de la Cotmac donde se trataron los planeamientos urbanísticos de Tazacorte. Destacan nombres como los de Alberto Génova Galván, Miguel Ángel Pulido, Tomás Van de Walle de Sotomayor, Emilio Ansina, Manuel Torres, Miguel Ángel Morcuende Hurtado o Pedro Gómez, que los Servicios Jurídicos del Gobierno canario han intentado "salvar" sin éxito. También están como imputados el exalcalde de Tazacorte Ángel Pablo Rodríguez, o su número "2" en el ayuntamiento, Juan Miguel Rodríguez Acosta, además de otros concejales del exgrupo de gobierno de Unión Bagañeta. La lista la completan técnicos de diferentes administraciones con más o menos responsabilidades en este caso.