El abogado del Banco Santander Juan Antonio Rodríguez Rodríguez ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial contra la suspensión por presunta prejudicialidad penal de una ejecución hipotecaria por el impago de un crédito de 1,3 millones de euros solicitado por el empresario vasco César Gil para el desarrollo turístico de la zona del Puerto de Tazacorte, apelación en la que el letrado arremete contra el juez de Primera Instancia de Los Llanos de Aridane.
El magistrado paralizó la ejecución hasta que se determine dónde se encuentran los más de 300.000 euros que desaparecieron de la cuenta de uno de los avalistas del préstamo impagado en la sucursal del Santander en Los Llanos de Aridane, que además no fueron descontados de la deuda total del mismo. Sin embargo, el abogado de la entidad bancaria defiende en el recurso ante la Audiencia Provincial que el destino final de tal cantidad "ya ha sido aclarado en vía judicial penal" y llega incluso a acusar al juez de "extralimitarse de sus funciones" y de "prejuzgar en fase de instrucción".
El letrado sostiene que la suspensión de la ejecución hipotecaria carece "de la más mínima seriedad y fundamentación", siendo acordada "basándose (se entiende que el magistrado) en meras suposiciones", e introducidas "injusta e ilícitamente en autos en base a no se sabe bien qué espurias relaciones habidas al margen del correspondiente cauce procesal", lo que le lleva a considerar que se ha dictado una resolución "a todas luces anómala e injusta, que ha venido a contaminar la instrucción de una causa por la aparente subjetividad y parcialidad que se deduce".
En la apelación, que no tiene desperdicio por los ataques contiguos al juez que instruye el caso, se llega a advertir de que "no podemos aceptar la tesis que el juzgador de instancia se erija en legislador subjetivo", introduciendo hechos, consideraciones y valoraciones jurídicas "traídas al margen de los datos obrantes en los presentes autos, así como en las diligencias que igualmente conoce y obviando la legislación vigente...".
El abogado del Banco Santander asegura en el escrito remitido a la Audiencia Provincial que la resolución dictada por el juez de Los Llanos de Aridane "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al impedirse gratuitamente y sin justificación la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria, suspendiendo su tramitación sine die y condicionando su tramitación a la resolución de un procedimiento penal sin base jurídica de clase alguna...".
Para el abogado Juan Antonio Rodríguez Rodríguez la suspensión de la ejecución hipotecaria en los términos acordados "carece de todo fundamento". Sus comentarios siempre los hace "salvando los debidos respetos" al juez.