El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, reconoció ayer a EL DÍA que familias de la capital con escasos recursos económicos han expresado su voluntad de ocupar de forma ilegal viviendas de promoción pública que se encuentran vacías, tal y como ocurrió recientemente con una de las casas del barrio de Mirca.
Cabrera señaló que las advertencias de los vecinos "me han llegado a través de WhatsApp y sobre todo de Facebook. No son casos anónimos sino de personas que se identifican con nombres y apellidos". En los mensajes "me cuentan las dificultades que están viviendo y lo que están pensando hacer debido a la falta de recursos". No son, ni mucho menos, "numerosos los casos, pero sí algunos".
Al ser cuestionado por su recomendación a las familias afectadas, el regidor municipal apuntó que "hay que estar en la piel de cada persona para saber realmente lo que se está viviendo, pero hay unas leyes que tenemos que respetar y cumplir". A propósito, hizo hincapié en que en todo caso las viviendas de promoción pública del Gobierno de Canarias que estén vacías en Santa Cruz de La Palma "deben ser adjudicadas por informes sociales y no tan solo porque una familia entienda que está peor que otra y, por eso, entre de forma ilegal en un inmueble".
Sobre la influencia que pueda tener sobre otras personas que una familia haya decidido entrar en una casa, Juan José Cabrera dijo que "es lógico que aquellos que lo estén pasando mal y vean que otros en su situación ya ocuparon una vivienda, se animen a dar el paso. Repito que existen unas leyes que hay que respetar y que están cumpliendo muchos otros vecinos que quizás cuenten con menos recursos".
¿Estado ruinoso?
No todas las casas de la promoción municipal de Mirca, pese a la existencia de un informe técnico que así lo asegura (otros dicen lo contrario), están en estado ruinoso. El ayuntamiento tuvo que certificar tal condición ante el Estado para recibir la financiación para las obras de reposición de las viviendas, que posteriormente se ejecutaron en Galguén, lo que hizo que políticos y técnicos se pusieran de acuerdo. La realidad es que algunos de los hogares están en un estado aceptable, pero aún así deberán ser derruidos en virtud del acuerdo entre la corporación local y los gobiernos central y canario. "Si no se tiran, hay que devolver 4 millones", dijo el alcalde.