Santa Cruz de La Palma necesita casas sociales destinadas a las personas con menos recursos económicos. La familia que decidió ocupar una vivienda en Mirca o las otras que amenazan, incluso con mensajes privados al alcalde de la ciudad, con hacer lo mismo debido a la situación angustiosa que viven, dejan al descubierto la carencia de promociones públicas.
Con la excepción del bloque de pisos que se construyó en Galguén, que al estar en un programa de reposición no se pueden contabilizar entre las destinadas para atender a las familias que piden una vivienda sino para aquellas que ya se encontraban en antiguas promociones municipales (Mirca y Timibúcar), en la capital tan solo se han edificado 19 alojamientos sociales en la última década, es decir, menos de dos hogares cada año.
Otro dato sangrante es que en los últimos nueve años no se ha ejecutado ninguna casa para los menos pudientes. Sí, lee bien, ni una, pese a que desde hace un lustro han sido miles las personas que han visto reducido drásticamente su ritmo de vida por la grave crisis económica. A ello se une la dificultad de los jóvenes para poder emanciparse al no encontrar viviendas a precios asequibles.
Los últimos alojamientos sociales se entregaron en julio de 2005, con Antonio Castro, ahora presidente del Parlamento de Canarias, como consejero regional del área. Fue una promoción en Mirca de apenas 19 pisos, en un terreno irregular que condicionó la distribución de cada hogar. Los adjudicatarios, en ningún caso, destinan más del 12% de sus ganancias netas al pago de las mismas.
Lejos, muy lejos, queda la construcción de barrios enteros formados por viviendas sociales, destinadas no solo a familias con pocos recursos sino a la clase media. El ejemplo más claro en Santa Cruz de La Palma es la urbanización Benahoare, de 1982, y que tiene más de 2.000 vecinos.
EL DÍA buscó la opinión del regidor municipal, Juan José Cabrera, sobre la necesidad de construir viviendas sociales. A propósito, señaló que "ahora mismo no hay un problema de suelo. Está previsto derribar las viviendas que se repusieron y esos mismos terrenos pueden ser ofrecidos al área de Vivienda del Gobierno de Canarias para que haga promociones para las familias que lo necesitan. Lo que falta es financiación". En este sentido, destacar que el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo regional suscribieron esta misma semana el convenio de vivienda 2013-2016 con más de un año y medio de retraso.
Otro problema añadido es el retraso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma, que recoge la construcción de hasta 772 viviendas entre La Encarnación y El Planto. Teniendo en cuenta el ritmo en su tramitación, lo normal es que cuando se apruebe definitivamente, el número de okupas se haya multiplicado.
IUC pide una solución para la familia okupa
Izquierda Unida Canaria exige al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias una solución para la familia que ha ocupado de forma ilegal una casa en Mirca. IUC muestra su "apoyo y solidaridad" a Carmen Nieves Plata y a su familia, rechazando "la solicitud de una autorización judicial que ha realizado el ayuntamiento para desalojarlos". Entiende que "estamos siendo testigos de cómo son las personas más débiles las víctimas de todas las instituciones del Estado, desde las políticas estatales que generan una situación de desesperación para muchos ciudadanos, hasta los ayuntamientos que sin ningún tipo de escrúpulos, deja tirados a su suerte a sus habitantes". Izquierda Unida reprocha la actitud de unos gobernantes municipales, con el alcalde a la cabeza, "insensibles ante una situación extrema donde los únicos ingresos que recibe la familia, ambos en paro, son 120 euros al mes". Censuran también la actitud de Juan José Cabrera "al no recibir con urgencia a Carmen Nieves y darle cita para dentro de seis meses, todo ello a pesar de conocer los representantes municipales la gravedad de las circunstancias". IUC afirma que el alcalde ha reconocido públicamente "que es incapaz de dar solución a esta familia y a otras muchas que están en igual situación o peor", lo que supone "asumir la incapacidad del grupo de gobierno para resolver los problemas más importantes y urgentes que tiene el municipio". Esta formación insta al ayuntamiento y a Vivienda a que posibiliten una solución para esta familia, sobre todo cuando se da la circunstancia de que "existen viviendas de una promoción pública sin ocupar en el municipio, lo que pone de manifiesto la nula voluntad de las instituciones por resolver los problemas de acceso a la vivienda". IUC hace especial hincapié en que "desde un punto de vista humanista no es justificable que haya tanta viviendas vacías, sobre todo en posesión de bancos y de las administraciones, y tanta gente sin casa".