Un grupo de empresarios está aportando fondos para financiar el alquiler de una vivienda para la familia que ocupó de forma ilegal una casa en el barrio de Mirca, en Santa Cruz de La Palma.
La iniciativa partió del expresidente del casco histórico de la capital, Juan Arturo San Gil, propietario de una óptica y tienda fotográfica en la calle Real, que después de visitar por cuestiones laborales a la familia afectada decidió contactar con otros comerciantes de la ciudad para recaudar fondos para pagar el alquiler de un piso durante al menos un año, cubriendo además los gastos que se generen de luz y agua.
Las conversaciones entre empresarios muy conocidos en la ciudad, también en la Isla, han dado como resultado el desembolso solidario en apenas unos días de cerca de 6.000 euros, que era el objetivo marcado en una campaña a la que incluso se ha unido, con la aportación desinteresada de una importante cantidad, una entidad bancaria, así como personas anónimas que a título individual han querido colaborar con pequeñas, pero igual de valiosas, sumas de dinero.
Los promotores de la iniciativa, que se pueden encontrar con el grave problema de que otras familias de la capital también necesiten de la misma ayuda que ahora prestan, han decidido contactar con el párroco de la iglesia del Salvador, José Checa, para que sea la organización católica sin animo de lucro Cáritas la que sirva de "puente" y se encargue del alquiler de la vivienda y del pago de la misma con los fondos aportados, siempre en atención de la mencionada familia.
EL DÍA contactó con algunos de los empresarios que han participado en esta iniciativa, pero todos prefieren mantenerse en el anonimato. Sin micrófono ni grabadora delante sostienen que una familia con dos hijos menores de edad, que se ha quejado del trato recibido por la corporación local, "necesita de la colaboración de todos, cada uno dentro de sus posibilidades" para vivir con dignidad, "es una ayuda de sentido común", y esperan que la crisis económica, que también les afecta a sus negocios de forma grave, pueda remitir para que haya más puestos de trabajo.
La vivienda que ahora ocupa la familia, formada por cuatro miembros, será derruida por el ayuntamiento, se desconoce cuándo, al encontrarse en un programa de reposición. Desde el grupo de gobierno se sostiene que aunque entienden la situación "no podemos saltarnos la ley ni apoyar que se ocupen viviendas vacías". Eso no significa, todo lo contrario, que aquellos que peor lo están pasando "no reciban ayudas a través de los Servicios Sociales municipales" para alquiler, agua, luz y alimentación. Ayudas que no siempre son suficientes.
Además, se espera por los convenios de empleo para contratar a las personas de familias que peor lo estén pasando por la crisis.