La acusación del caso Los Tarajales, abierto por la construcción en el Puerto de Tazacorte de un edificio residencial en suelo protegido por la Ley de Costas, ha presentado un recurso de reforma en el Juzgado de Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane, en el que solicita que se amplíe el número de imputados al entender que existen razones suficientes por supuestos delitos de ordenación del territorio y prevaricación.
La jueza emitió el pasado 17 de septiembre un auto en el que centra las imputaciones en el exalcalde y concejales que formaron el grupo de gobierno de Unión Bagañeta-Coalición Canaria, una decisión que no satisface a las empresas Isla Bonita Tazacorte SL e Inversiones Insulares Cock SL, ya que a su juicio "no se reflejan conductas presuntamente delictivas que se han investigado en las presentes diligencias y merecedoras de que respecto de ellas se abra el juicio o los juicios orales correspondientes".
Las personas que han quedado al margen del procedimiento abreviado y respecto de las cuales se acuerda el sobreseimiento provisional, que la acusación considera "improcedente porque hay indicios suficientes de criminalidad de todos ellos como partícipes en los hechos", son Ulpiano González Ortigosa, representante de la mercantil Diursa, sociedad propietaria del terreno que en su día vendió a Isla Bonita como suelo urbano "a sabiendas de que no solo no lo era, sino que, además, estaba afecto por la Ley de Costas al estar parte del mismo a menos de 20 metros de la línea de costa", según se advierte en el recurso de reforma; José Carlos Rodríguez Díaz, gestor inmobiliario que fue el intermediario en la operación de la finca donde se ejecutó el edificio; y Justo Fernández Duque, arquitecto autor del informe en el que afirma que el suelo era urbano y que no estaba afectado por la Ley de Costas, "exactamente lo contrario de la realidad", subraya la acusación de esta causa.
De igual forma, se reclama a la jueza que incluya entre los imputados a Ángel Caro Cano y Joaquín Mañoso Valderrama, arquitectos redactores del Plan General de Ordenación Urbana de Tazacorte, en el que mantienen como urbano el terreno de los Tarajales, "a pesar de ser sabedores de que no reunían los servicios urbanísticos legalmente exigibles para contar con la consideración de urbanos y de la afección por la Ley de Costas"; y Miguel Ángel Pulido Rodríguez, del que la acusación afirma que en la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 22 de junio de 2007 defendió que "ese suelo (Los Tarajales) era urbano, en contra del criterio de los técnicos y juristas del Gobierno de Canarias, que en la misma sesión defendieron y argumentaron que la finca no había sido, no era y no podía ser urbana".
En el recurso de reforma no se incluyen a otros ex altos cargos regionales y técnicos que también participaron en la citada sesión de la Cotmac, y que la jueza ha entendido que no deben ser imputados por ningún delito en la causa abierta.