Juan Carlos Toledo reside en Mirca. En las casas municipales que el ayuntamiento tiene previsto derruir, en virtud del compromiso adquirido con el Estado y el Gobierno de Canarias. Le ofrecen a cambio una vivienda de dos habitaciones en la promoción de reposición de Timibúcar, pero bajo su techo viven ocho personas. Su mujer, dos hijas, nietos... Y, claro, no le salen las cuentas para vivir con dignidad. A él ni a nadie: ¿8 personas en dos cuartos?

Toledo asegura que "nunca pedimos que nos dieran un piso nuevo en Timibúcar para cambiarnos de casa. No firmamos nada de eso, pero hicieron lo que les dio la gana. Ahora dicen que tienen que tirar estas casas (donde vive con su familia) y que tenemos que irnos para abajo (Timibúcar), pero nosotros no podemos marcharnos. Pero si somos ocho personas, cómo vamos a irnos a un piso de dos habitaciones. Pero si en la habitación no cabe ni un juego de cuarto... Ya no tengo edad para que me estén vacilando".

El afectado, de 68 años de edad, recuerda cuando hicieron la última promoción de viviendas en Mirca, hace casi una década, en julio de 2005, y se pregunta "¿porqué no nos dieron una casa de esas, cerca del lugar en el que vivimos?". Lo afirma con cierto resquemor. Quizás sea desesperación por ver que todo se pudo arreglar sin tener que marcharse de su entorno. Piensa que allí pudo estar su hogar.

No ha podido hablar con los responsables municipales, "siempre tienen otras cosas que hacer", y al no tener una solución "nos tenemos que quedar. No podemos hacer otra cosa". Es consciente, lo sabe, de que el ayuntamiento está obligado a derruir su casa, de tres habitaciones, pero tampoco tiene otra solución que esperar: "Si quieren ir al juzgado, que vayan". Es casi resignación, pero también ganas de luchar por una familia. Y es que piensa que tal vez "cuando el juez venga y vea lo que ocurre...". Quién sabe.

En el fondo, los rectores locales tampoco quieren tirar las viviendas. No, no quieren. Se metieron en un "embolado". Los políticos que dirigen la ciudad apuran los tiempos por mantener las viviendas de Mirca de pié. No saben hasta cuándo y recuerdan que una negativa sin más, sin otra justificación, obliga a la devolución de cuatro millones de euros, el dinero que recibió el municipio para construir en Timibúcar, que se justificó con un informe técnico de dudosa veracidad donde se declararon en ruinas las casas de Mirca.

Pero eso a Toledo le importa poco. Él quiere soluciones. Y no es solo una cuestión de espacio donde vivir sino también de dinero: "Aquí pagamos 14 euros al año y no tengo porqué ir abajo para pagar más de 200 euros, más otros 30 euros de las escaleras y el ascensor... Cobro 700 euros. ¿Con qué como?". Merece tener suerte.