El Gobierno de Canarias sigue sin registrar en el Catastro el cambio de titularidad de las fincas que expropió hace ya unos ocho años para la mejora de la carretera del Norte de La Palma, en el tramo entre San Andrés y Sauces y Barlovento, lo que está suponiendo un grave contratiempo económico para los antiguos dueños de los terrenos, que se están viendo obligados a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles.

La Consejería de Obras Públicas, que dirige Domingo Berriel, levantó 424 actas de expropiación de parcelas de más de un centenar de propietarios, defendiendo que se trataba de un procedimiento indispensable en todos los casos para la mejora de la citada vía. El Ejecutivo regional, sin embargo, se "olvidó" de comunicar en el Catastro, aunque sea complicado de entender y mucho más de justificar, la nueva situación del suelo afectado, ante los perjuicios para los vecinos.

El IBI, conocido popularmente como "la contribución", es un impuesto que cobran cada año los ayuntamiento, aunque la actuación de las corporaciones locales se reduce en realidad a la de simples "intermediarios", ya que la administración que se encarga de emitir el listado de contribuyentes es curiosamente la Hacienda canaria, teniendo la institución municipal la obligación de pasar la "factura" a cada uno de los vecinos señalados.

El alcalde de Barlovento, Jacob Qadri, es perfecto conocedor de la situación que viven decenas de sus vecinos, a los que apoya, y defiende que el ayuntamiento "ha hecho todo lo que ha podido por corregir una situación totalmente injusta". En este sentido, señaló que desde la corporación local "se ha comunicado al Gobierno de Canarias el perjuicio que se está causando a los antiguos propietarios del suelo por una falta de diligencia de la administración". No llega a entender "cómo después de tantos años no ha se registrado el cambio de titularidad" de las fincas.

Un técnico municipal se desplazó incluso a la sede del Ejecutivo canario para solicitar el expediente de las expropiaciones, con el objeto de llevar a cabo el cambio de titularidad de los terrenos, pero no le entregaron, como por otro lado parece lógico, la documentación, al ser una gestión de competencia municipal.

Jacob Qadri reconoció que el IBI que tienen que pagar los afectados "no es de 20 ni 30 euros"; al contrario, en algunos casos alcanza los 300 euros al año, "cuando ya ni están disfrutando de los terrenos". El alcalde señaló que desde el ayuntamiento "se están estudiando las posibilidades legales que puedan existir para lograr que el ayuntamiento no tenga que pasar el cargo a estos vecinos", y aunque es consciente de que la legislación en esta materia es clara, con el inicio de cobros por vía ejecutiva para aquellos que no paguen los impuestos, entiende que "tiene que haber una salida para algo tan claro".