Jóvenes palmeros que se encuentran estudiando en Madrid y Cataluña han tenido serias dificultades para ser tratados por la Seguridad Social en ambas comunidades autónomas, hasta llegar incluso a negarles atención sanitaria por estar empadronados en otro territorio, lo que ha provocado que el Cabildo de La Palma solicite a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que, a través de la Conferencia Interterritorial de Sanidad, medie para corregir esta situación.
La petición de la institución insular se produjo tras la aprobación en sesión plenaria de una moción presentada por Coalición Canaria.
Su portavoz, Guadalupe González, explicó que "chicos y chicas" de La Palma "han visto cómo en Madrid y Cataluña les han negado atención médica por no estar empadronados allí", una contrariedad "que no se está produciendo cuando de manera puntual acuden al médico de Atención Primaria, sino cuando tienen que realizarse pruebas diagnósticas de forma reiterada, operaciones o tratamientos continuados".
González Taño recordó que para los jóvenes del territorio peninsular es menos problemático empadronarse en otras ciudades, en este caso en las que residen por estudios, "pero para un canario es un grave problema, ya que nuestros estudiantes de hacerlo perderían el derecho al descuento de residente canario (en transporte) a la hora de regresar a sus hogares". Subrayó que esta circunstancia podría acarrear también "renuncia a la beca que disfrutan".
La propuesta fue apoyada por todos los grupos políticos. El socialista Anselmo Pestana, presidente del Cabildo, recordó que la sanidad es un derecho y, por tanto, "es un problema que se tiene que solucionar como sea". Dejó claro además que "nadie les puede ofrecer un derecho (atención médica) para perder otro (descuento de residente)", cuando en realidad "tienen que disfrutar de ambos".
En los mismos términos se expresó el vicepresidente insular, el "popular" Carlos Cabrera, quien hizo hincapié en que "nadie puede obligar a los jóvenes canarios a empadronarse en otro lugar, como sabemos que está ocurriendo". Informó de que los jóvenes palmeros que se formen en la capital de España deben contar con el Documento de Asistencia a Desplazados (DAD), que emite la Consejería de Sanidad de Madrid e identifica de manera individualizada a los ciudadanos como usuarios del sistema sanitario público de aquella comunidad y acredita el derecho a las prestaciones sanitarias, "que deben prorrogarlo cada seis meses", mientras que en Cataluña "hay más dificultades", por lo que calificó de "nacionalismo mal entendido", una frase que no fue del agrado, más bien al contrario, de la portavoz de Coalición Canaria.
Durante el debate, una mujer que se encontraba entre el público en el salón plenario solicitó intervenir en este asunto, "al ser una de las perjudicadas", pero el presidente de la institución le recordó que "para tener el uso de la palabra, tenía que haberlo solicitado antes de comenzar la sesión", norma que "no podemos saltarnos para no sentar precedentes".
El Cabildo de La Palma aprobó ayer una declaración institucional en la que solicita una vez más al Gobierno de Canarias que modifique el Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, por el que se establece el régimen aplicable en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, con el objeto de regularizar las más de 3.000 camas que operan de forma ilegal en la Isla. "Las más de tres mil camas turísticas irregulares que el propio Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma asume a la hora de definir el techo de crecimiento turístico de nuestra isla reclaman medidas efectivas que no dilaten en el tiempo su regularización y que eviten futuras controversias que puedan, incluso, malograr su regulación efectiva", se advierte en la declaración institucional, en la que se hace mención a las propuestas y peticiones realizadas en este sentido por la institución insular en reiteradas ocasiones: 23 de abril de 2012, 2 de julio de 2012, 12 de febrero de 2014, 5 de marzo de 2014, 27 de marzo de 2014, 23 de septiembre de 2014 o la petición de fecha 30 de enero de 2015. Por ahora, no hay ni una respuesta.