El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tiene una deuda pendiente con la Policía Local de cerca de medio millón de euros de servicios extraordinarios realizados desde 2010, una situación que fue debatida en la última sesión plenaria después de que el gobierno local llegada a un acuerdo con los agentes para regularizar los impagos conforme a un plan de ingresos a seis años, pacto que ha sido criticado por una amplia representación de funcionarios y personal laboral de otros servicios municipales, que sienten que se está premiando solo a una parte de la plantilla.

El portavoz de Coalición Canaria, Juan Ramón Felipe, hizo mención a un documento presentado el pasado jueves por un grupo de trabajadores en el que consideran injusto el trato diferenciado que se está dando a los agentes, advirtiendo de que "el complemento específico singular que se piensa incorporar a las nóminas de los policías, supone la amortización (se eliminan) de 28 plazas entre funcionarios y personal laboral", cuestionando al concejal de Recursos Humanos, Julio Felipe, por esta situación y por la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.

Julio Felipe se limitó a responder que los agentes "tienen razón en reclamar la deuda pendiente", mientras que sobre la RPT comentó lo mismo que en el resto de ocasiones que ha sido cuestionado por este tema desde 2011: "Seguimos trabajando". Es decir, paciencia que ya vendrá otro año. Eso. El portavoz de CC se quedó unos segundos mirándolo, en silencio...

Tras la sesión plenaria, desde el grupo de gobierno se advirtió de que "no son 28 ni 20 las plazas que se van a amortizar, son bastantes menos y en algunos casos hace décadas que no se cubren", dejando claro que "nadie va a perder su puesto de trabajo". Un razonamiento que, sin embargo, ningún concejal del PSOE ni PP expuso en el debate abierto por el líder de la oposición.

La realidad es que el ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste económico y para poder aumentar el gasto en personal, al incluir el complemento que se dará a la policía, tiene que reducir el actual presupuesto del capítulo 1, que está prácticamente al límite. La solución ha sido suprimir puestos de trabajo de diferentes categorías que aunque no están cubiertos, sí computan en la partida para la plantilla al tener cantidades asignadas para el caso de que se hubiera decidido cubrirlas. Ahora, desaparecerán, ya no se sacarán a concurso, para hacer frente a los impagos con los agentes.

Las horas extraordinarias en la Policía Local son voluntarias. Por convenio, la nocturnidad solo tiene que ser cubierta por tres agentes. Aunque se necesiten más policías, como ocurre en Carnavales o durante las Fiestas Lustrales, no están obligados a cumplir un cuadrante con más personal en horario nocturno, y los decretos de la Alcaldía en sentido contrario no cumplen con la legalidad. Y entonces, toca negociar. Hace dos años, por ejemplo, lograron disfrutar de tres horas libres por cada hora de más trabajada en el acto de los indianos. Por convenio, la legalidad les ampara. Eso sí, los servicios extraordinarios los cobran años después de realizarlos, como ocurre ahora, cuando el ayuntamiento debe hasta 50.000 euros a algunos policías, situación que se quiere corregir con el polémico complemento específico.