Los concejales de la mayoría (no todas) de las corporaciones locales de la Isla, entre ellas el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, no han declarado al fisco el dinero recibido durante al menos cinco años (2010-2014) por la asistencia a sesiones plenarias, comisiones y otros organismos municipales a los que pertenecen, según ha quedado al descubierto como resultado de una investigación abierta por la administración de Hacienda, que ahora les reclama que regularicen la situación con el pago de todo lo atrasado, que en algunos casos supera los 800 euros.
Hacienda había remitido a los catorce ayuntamientos de La Palma, tal y como informó EL DÍA el pasado mes de diciembre, un requerimiento para conocer cómo se estaba imputando el pago de los "extras" a los políticos, al objeto de comprobar si se aplicaban las correspondientes retenciones, en un procedimiento de oficio iniciado al existir al menos dudas sobre este caso. De aquella investigación, según confirmaron a esta redacción fuentes ligadas a las diferentes instituciones municipales, se ha podido comprobar que los concejales han estado percibiendo como dietas el complemento por asistir a convocatorias en su puesto de trabajo (el ayuntamiento).
Utilizando ese epígrafe, los ediles han evitado durante el último lustro las retenciones obligatorias, ya que la normativa del IRPF excluye de tributación las dietas, considerando que no son objeto de gravamen aquellos pagos que pretenden compensar gastos que se producen por motivos laborales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dinero por manutención.
Hacienda, sin embargo, ha dejado claro a los afectados, aquellos ediles sin dedicación parcial o exclusiva que son los que han percibido "extras" por plenos y comisiones, que los pagos por acudir al ayuntamiento para participar en cualquier órgano, el que sea, sí deben tener retenciones. Es decir, que no vale "colar" como dieta lo que se recibe por ir a trabajar.
En descargo, al menos en parte, de los concejales hay que "mirar" también a aquellos técnicos municipales o asesorías externas que se tienen la responsabilidad de elaborar nóminas y de aplicar las retenciones que en su caso corresponda de todo lo que se pague con dinero público. Y eso incluye los sueldos.