El Juzgado de lo Penal de Santa Cruz de La Palma ha remitido un oficio a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Isla, denominada Benahoare, en la que le reclama la documentación contable de la entidad entre los años 2003 y 2008, con el objeto de analizar los gastos realizados con dinero público.
Los hechos se remontan en realidad a principios de 2012. Hace ya más de tres años. La junta directiva entrante decidió realizar una auditoría de las cuentas de la federación, tal y como se había comprometido ante la asamblea de padres y madres celebrada en abril de 2011, para lo que contrató a una empresa externa de Gran Canaria. En aquel estudio económico, que incluyó los años 2009, 2010, 2011 y una parte incluso de 2008, se detectaron unos 40.000 euros que supuestamente no habían sido justificados correctamente o que simplemente ni se llegaron a justificar. Un dinero que entró en las cuentas de la entidad, los ingresos sí están registrados, pero se desconoce por qué y a qué se destinaron.
La citada federación optó, entonces, por presentar una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. La misma, con toda la documentación al respecto, fue trasladada por los agentes ante el fiscal, que después de estudiar el caso la elevó ante el juez. La causa se encuentra actualmente en proceso de instrucción, y el magistrado ya ha llamado a declarar a ambas partes para conocer su versión sobre lo ocurrido.
El juez ha podido estudiar al detalle, entre otras supuestas irregularidades, desde el "sueldito" de 400 euros al mes cobrado por el expresidente y otro tanto por la extesorera, un pago presuntamente irregular según se establece en la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, hasta los 18.000 euros cargados vía tarjeta de crédito a la cuenta de la asociación sin facturas que lo justifiquen.
Sin embargo, el instructor del caso no solo ha podido presuntamente detectar indicios de delito en la documentación entregada, sino que incluso ha emitido un requerimiento para conocer qué ocurrió con las cuentas de la federación en los años anteriores, en concreto desde 2003 hasta 2008, es decir, el resto de ejercicios en los que la federación de padres y madres estuvo dirigida por el mismo presidente, para determinar si ese supuesto oscurantismo se mantuvo desde el inicio de su mandato.
La junta directiva de Benahoare entregó esta misma semana toda la documentación exigida por el magistrado, papeles en los que curiosamente no existe ningún requerimiento de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias por cómo se gastaban las subvenciones concedidas al expresidente (que contó siempre con el beneplácito de la administración) para diferentes proyectos, ya que siempre dio por bueno las justificaciones presentadas por el mismo. Las mismas que ahora el juez investiga.