El Ayuntamiento de Breña Alta tendrá que elaborar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por sentencia judicial, después de una denuncia presentada en lo Contencioso por el Sindicato Independiente de Policías de Canarias (SIPC).
El sindicato policial denunció al ayuntamiento por no contar con un documento de organización de sus trabajadores que es obligado por ley desde 1995, y el juzgado les ha dado la razón, condenando además de la Corporación breñusca al pago de las costas. "Lo que se denota una vez más es la dejadez y mala gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno del PP y el PSOE", advierten los agentes, que temen que puedan existir "intereses gobierno municipal en la no elaboración y exposición pública de la RPT. dejando de manifiesto algún tipo de interés que se ignora".
El SIPC acusa al primer teniente de alcalde, el popular Ángel Alonso de Paz, de intentar desprestigiar a los policías que declaraciones en los medios, "confundiendo a los ciudadanos", cuando la realidad es que la sentencia refuerza la tesis del Cuerpo, que defiende que "los puestos de trabajo sean elegidos basándose en el instrumento técnico para ello, que no es otro que la RPT".
Este sindicado mantiene un total de veinte demandas judiciales en el juzgado contra el ayuntamiento, "debido a la intolerancia de este grupo de gobierno a negociar las reivindicaciones del colectivo de la Policía Local".
El SIPC lamenta tener que acudir al Juzgado para defender sus derechos y que se aplique la ley, "con el consiguiente gasto que ello supone para las arcas municipales en gasto de defensa jurídica para la administración", y todo "por la negativa del gobierno municipal de sentarse a negociar".