El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Plan Territorial Especial de Turismo de La Palma al entender que se produjeron irregularidades en su tramitación y aprobación, como denunciaron colectivos ecologistas, con lo que se anulan actuaciones como la construcción de cinco campos de golf.

En una sentencia del pasado 13 de mayo, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción y, en consecuencia, declara la nulidad del Decreto 123/2008 de aprobación definitiva parcial del Plan Territorial Especial turístico de La Palma (PTE).

Este plan había sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero sólo respecto de tres actuaciones con campos de golf en Los Llanos, Breña Alta y Barlovento.

Las asociaciones ecologistas, sin embargo, mantenían que las irregularidades cometidas en la tramitación y aprobación del plan afectaban a su totalidad, por lo que elevaron sus demandas ante el Tribunal Supremo, órgano que ha declarado su nulidad desde el inicio.

Según Ben Magec, durante los siete años de vigencia el plan ha demostrado "su ineficacia como instrumento de ordenación turística, sin que haya salido adelante ninguna de las actuaciones previstas, debido en gran medida a que se dedicó a plasmar fantasiosas operaciones especulativas de carácter inmobiliario que poco tenían que ver con el turismo".

Ahora, además, el plan turístico "revela definitivamente su inviabilidad jurídica, con demoledoras consecuencias sobre todos los instrumentos de ordenación que se han adaptado al mismo, como los planes generales municipales, o que han adoptado al plan. como el Plan Insular de Ordenación".

La organización ecologista señala que la inseguridad jurídica del plan "ha contaminado toda la planificación general y territorial de La Palma, como reiteradamente hemos venido advirtiendo".

"Este desastre tiene su origen en las formas poco democráticas y nada transparentes de hacer política que han caracterizado durante décadas a las instituciones públicas", asegura.

Añade la organización ecologista que "aunque por acción u omisión, la responsabilidad de este fracaso esté muy repartida, no queremos dejar pasar esta oportunidad para señalar a los responsables directos: en el Cabildo, José Luis Perestelo, presidente cuando se aprobó el plan, y que presumió de que dejaba la isla planificada y lo que dejó fue una bomba de relojería que estalla ahora, precisamente cuando pretende volver a ser presidente".

También señala como responsable al consejero de Planificación José Izquierdo Botella, cuya "arrogancia fue sorda a los cientos de alegaciones que le decían lo que ahora corrobora el Tribunal Supremo".

En el Gobierno de Canarias apunta a Miguel Ángel Pulido, entonces director general de Ordenación del Territorio, y que "actuaba de procurador de informes técnicos torticeros con los que ocultar las irregularidades del plan", y a Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de Canarias, que a juicio de los ecologistas, es "un político nefasto que acumula tantos decretos anulados por la justicia que resulta incomprensible que continúe siendo consejero".

Los ecologistas afirman que "la ciudadanía canaria ha pagado con fondos públicos la incompetencia e irresponsabilidad de los que elaboraban un plan nulo de pleno derecho".