El Pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane se reúne hoy para analizar, y previsiblemente aprobar, el recurso elaborado por la letrada municipal en contra la sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado día 16 de junio de 2015, por la que se anula el Plan General de Ordenación del municipio.

El ayuntamiento busca un resquicio legal, quizás el último que le queda, presentando un incidente de nulidad de la resolución judicial para evitar que el planeamiento urbanístico se "caiga" definitivamente. Lo hace incluso antes de que se conozca la aclaración de sentencia solicitada al Supremo por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, después de que el Tribunal aceptara el recurso de casación presentado por la Plataforma contra las Plantas de Asfalto en el Valle de Aridane en contra del acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que daba su visto bueno al PGO.

El gobierno regional quiere saber, también el ayuntamiento, si esa sentencia afecta, como así se desprende de su lectura, a la totalidad del documento o, por el contrario, tan solo a la zona industrial del Callejón de la Gata, donde se ubicaron las industrias que los vecinos rechazaron.

En el recurso o, para ser más exactos, en el incidente de nulidad elaborado por la letrada del ayuntamiento, se defiende básicamente que la sentencia es lesiva para los derechos fundamentales de la mayoría de ciudadanos, es contraria, al fin y al cabo, al interés general. Y que, además, el interés particular del demandante, en este caso la Plataforma contra las Plantas de Asfalto, ya estaba salvaguardado en una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al dejar suspendidas las actuaciones contra las que se oponía.

Los Llanos de Aridane tiene el riesgo evidente de tener que comenzar a aplicar, si la sentencia del Supremo se mantiene, el PGO de 1987, que en realidad deja incluso más desprotegido en temas medioambientales al municipio que el elaborado en 2010, que, pese a ser un documento muy mejorable, además permite licencias en rústico, asentamientos rurales, desarrollar el litoral... inversiones, al fin y al cabo, que estaban previstas y que se pueden ver frenadas "sine die".

Por ahora, el ayuntamiento sigue tramitando todas las licencias que se presenten, tanto de obra mayor como menor, en virtud al PGO de 2010, al defender que la sentencias no son firmes hasta que son publicadas por los tribunales. Es evidente que la postura contraria sería dejar en un limbo legal, siempre desde el punto de vista urbanístico, al municipio durante el tiempo que transcurra, generalmente meses, hasta que la sentencia del Supremo sea firme.

EL DÍA buscó la opinión del edil de Urbanismo, Manuel Perera, sobre el recurso municipal, pero prefirió no hacer declaraciones hasta la finalización del pleno.