Izquierda Unida y Nueva Canarias han elaborado una propuesta conjunta en la que solicitan la eliminación del busto ubicado en la glorieta del puerto de Santa Cruz de La Palma en homenaje a Blas Pérez González, quien fuera ministro de la Gobernación entre 1942 y 1957, una petición que ha despertado en las redes sociales tantos apoyos como reproches.

Pérez González nació en Santa Cruz de La Palma el 13 de agosto de 1898 y murió en Madrid el 7 de febrero de 1978. Fue uno de los juristas "favoritos" del régimen, hasta el punto de que además de ser ministro formó parte de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Generalísimo. Fue investido en noviembre de 1938 primer fiscal del Tribunal Supremo. Igualmente, fue nombrado un año después consejero de FET y de las JONS. En agosto del 39 se le encargó la Delegación Nacional de Justicia y Derecho. Tras su cese como ministro fue procurador en Cortes por designación directa de Franco.

Fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputado por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón, por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y en los primeros años del régimen, y que no fueron procesados al comprobarse su fallecimiento. No es menos cierto que Baltasar Garzón fue imputado por prevaricación por este procedimiento al considerar el Tribunal Supremo que, sin entrar en el fondo del asunto (la acusación a los líderes franquistas), no tenía competencias para ello.

Esa es la realidad de Blas Pérez González, quien en julio de 1936 asistió a la batalla que se libró en las calles de Barcelona. Llegó a ser detenido y condenado a muerte por el Tribunal Popular. Es más, en La Palma se llegaron a celebrar funerales por su alma, tras informaciones erróneas en las que hablaban de su ejecución. Amigos influyentes lograron detener su fusilamiento. Acabó evadiéndose y se trasladó a Burgos.

Se le acusa de haber sido responsable directo de un gran número de expedientes remitidos desde La Palma a Franco para la ejecución de oponentes políticos. Así era.

Sin embargo, una parte también importante de la población capitalina, no se puede hablar de una minoría, no olvida que Blas Pérez González fue determinante en la construcción del primer hospital de la Isla, viviendas sociales, carreteras y escuelas rurales; el primer centro para mayores, fue determinante para acabar con la peste de Tazacorte en 1959... Eso sí, franquista convencido.

En las redes sociales se defiende la posibilidad de que el ayuntamiento opte por realizar una consulta a los ciudadanos sobre la eliminación de este busto, ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, a la salida del puerto, desde que el 10 febrero de 1971 lo inauguró el también ministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi, aunque tal y como Izquierda Unida y Nueva Canarias recuerdan en su propuesta, existe una ley (la Ley de la Memoria Histórica) que deja meridianamente claro que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".