Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de La Palma han presentado ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife una denuncia contra trabajadores municipales por la utilización supuestamente irregular de los bonos de gasolina del ayuntamiento para sus vehículos particulares, según quedó ayer al descubierto en una pregunta formulada por el Partido Popular en sesión plenaria.

En la acusación de los agentes se recogen las supuestas anomalías que impiden, a su juicio, justificar el repostaje de combustible con fondos públicos por los titulares de cuatro vehículos, en concreto un Fiat Panda, un Land Rover Freelander, un Mitsubishi Galloper y una Renault Express, resolución a la que se llega tras la investigación llevada a cabo por los denunciantes.

Como respuesta a la denuncia presentada directamente ante la Fiscalía Provincial, el alcalde, Sergio Matos, ha emitido un decreto en el que nombra como instructora a la jefa de Recursos Humanos para la elaboración de un informe en el que se esclarezca lo ocurrido, aunque el regidor municipal deja entrever en su escrito que no está satisfecho con la actuación de los policías, que prefirieron dirigirse directamente a la Fiscalía Provincial sin antes informar a su jefe superior, es decir, el propio regidor capitalino, que en gran parte de sus peticiones se centra más en conocer cómo y por qué actuaron los policías que en la veracidad de la denuncia.

A propósito, Matos afirma que desconoce si la actuación (de los policías) fue por orden de un superior "o se llevó a cabo sin recibir orden previa y saltándose el conducto reglamentario, y dado que los propietarios de los vehículos son empleados municipales, pudiendo constituir sus actuaciones faltas disciplinarias de las que no se ha dado cuenta a esta entidad local por ningún conducto legal".

El alcalde ha solicitado un informe a la Jefatura de la Policía Local sobre los hechos descritos en la denuncia de los agentes y las circunstancias en que se producen las actuaciones de estos funcionarios (de servicio, como particulares...), que dieron lugar a la denuncia en Fiscalía, "y si dieron parte a algún superior del supuesto comportamiento irregular de los empleados municipales titulares de los vehículos denunciados". O, incluso, "si utilizaron tiempo de servicio sin poner en conocimiento de sus superiores la prestación o averiguación del supuesto ilícito".

El decreto de Alcaldía ordena "la averiguación de los denunciantes y comparencia de los testigos de los hechos si existieran y pedir los informes que se estimen necesarios sobre la denuncia presentada".

Por último, Sergio Matos pide un informe sobre los titulares de los vehículos para esclarecer "si todos son de empleados municipales o de titularidad municipal y si los mismos están a disposición de la entidad local para realizar sus funciones, así como el método, control y fórmula articulada para resarcir a los mismos de dicha puesta a disposición de la entidad local de un bien privado".

El busto al franquista Blas Pérez se retirará

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó ayer en sesión plenaria la retirada del título de hijo ilustre de la ciudad a Blas Pérez González, además de solicitar a la Autoridad Portuaria que retire de forma inmediata el busto en homenaje a este ministro franquista, escultura ubicada en la glorieta de salida del puerto. El acuerdo se produjo tras el debate de una propuesta presentada por Izquierda Unida y Nueva Canarias. A propósito, el portavoz de IU, Antonio Érmetes Brito, se limitó a leer parte de la moción, donde se advierte de que Pérez González fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil española, y que no fueron procesados al comprobarse su fallecimiento. Mientras, Maeve San Juan, de NC, dijo que la eliminación del busto es "un acto de solidaridad", a la vez que la nacionalista Guadalupe González recordó que las leyes, en este caso la de memoria histórica, "están para cumplirse". Los socialistas también apoyaron la propuesta, y el alcalde, Sergio Matos, aclaró que "ya hemos solicitado a Puertos la retirada" de la escultura. Por el contrario, el edil de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, optó por abstenerse, aludiendo al costo que puede tener la retirada de la figura, mientras que el Partido Popular, decidió votar en contra, ya que "no es una prioridad de la ciudadanía". Incluso solicitó un informe jurídico para conocer si el busto incumple la ley de la memoria histórica, por muy evidente que parezca.