Los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma que han sido denunciados ante la Fiscalía por sindicatos de la Policía Local, por la utilización supuestamente irregular de bonos municipales para poner gasolina en sus vehículos particulares, tal y como EL DÍA informó en su edición de ayer, realizan esta práctica incluso los fines de semana y fuera de su horario laboral, según se afirma en la acusación.

Los denunciantes advierten ante el fiscal de que son conocedores de la existencia de una autorización verbal "para que multitud de vehículos de empleados municipales puedan repostar con cargo al ayuntamiento, al poner los mismos al servicio de la administración". Sin embargo, "hay trabajadores que acuden a la gasolinera con estos bonos fuera de su horario laboral, en horario de tarde e incluso los domingos y festivos, siendo una práctica común desde hace ya bastante tiempo", señalando especialmente a la Oficina Técnica y de Obras y Servicios, que son básicamente los que se incluyen en el escrito presentado ante la Fiscalía.

Cuando estos trabajadores ponen gasolina, siempre según la versión de los agentes denunciantes, que presentaron su acusación bajo el "escudo" sindical, lo hacen "con un talonario facilitado por la administración, dándoles carta libre para ello, sin exigirles justificación de los kilómetros realizados y aprovechando su condición de funcionario o trabajador municipal para aprovechar esos repostajes para el quehacer diario, lo que se viene produciendo desde hace años". Da igual que sea gasolina para ir a trabajar "que para acercarse un domingo a una bodega".

Otros ayuntamientos de la Isla donde algunos de sus trabajadores usan sus vehículos para trabajar, se rigen por un control de la administración. En Los Llanos de Aridane, como ejemplo más cercano, este tipo de empleados tienes vales mensuales de entre 20 y 80 euros, dependiendo de los servicios encomendados, siempre bajo una comprobación además del kilometraje.

Los agentes, siempre actuando como sindicalistas y nunca presentando sus placas ni vestidos de policías, han puesto en conocimiento estos supuestos hechos delictivos para que el fiscal sea ahora quien abra una investigación, solicitando información al ayuntamiento.

Los sindicatos implicados se han mostrado además sorprendidos, incluso molestos, con el decreto elaborado por el regidor municipal, tras conocer la acusación ante la Fiscalía. A propósito, Sergio Matos defiende que lo más lógico hubiera sido que los agentes informaran a sus superiores, incluso al propio alcalde, antes de presentar la denuncia, por lo que ha procedido a la apertura de un expediente donde básicamente reclama a la técnico de Recursos Humanos que valore la forma en la que actuaron los policías para proceder a la denuncia.

Los sindicatos defienden que "más que abrir un expediente a los policías que presentaron la denuncia, debería de felicitarlos por hacer su trabajo y pensar en el erario público, en el dinero de todos, y centrar el expediente que ha pedido en aquellas personas que están utilizando los bonos de gasolina para sus asuntos personales".

Los agentes sindicalistas aclaran que "nos está (en referencia al alcalde) intentando coaccionar en nuestro trabajo con ese decreto". Además, subrayan que "al señor Sergio Matos nunca se le tuvo que informar, ya que en la fecha de la denuncia era teniente de alcalde, sin ninguna competencia en la Policía Local. Sí se informó verbalmente al jefe del Cuerpo, que lo sabe desde el primer momento, tal y como reconoció delante de toda la plantilla en la mesa de reparto de servicios. Además, en el fondo, no tenemos que informar al alcalde ni a nadie de las denuncias que vayamos a presentar, y menos bajo el "escudo" sindical".

Los denunciantes hacen hincapié en que en su día se comunicó mediante informes elevados a la Jefatura y a la Alcaldía, supuestos riesgos laborales, "y nunca llegó a nada. Todo quedó en un cajón".