El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha cobrado a vecinos de la ciudad por la utilización de la zona verde, cuando en realidad nadie la está controlando y se usa como aparcamientos sin ningún tipo de regulación.

La línea verde se puso en marcha en enero de 2015, con el objetivo de que los no residentes que trabajen en la ciudad y llegan a primera hora de la mañana no ocupen durante todo el día las plazas más céntricas. A los vecinos de la capital que así lo solicitaron, se les cobró 3,84 euros para una tarjeta identificativa que tiene una validez de dos años, y que les permite aparcar en estas zonas durante el tiempo que deseen.

La iniciativa contó con una primera etapa de implantación que afectó a apenas una veintena de plazas de aparcamientos en la avenida Marítima. Posteriormente, y tras evaluar la aceptación de la medida, el ayuntamiento amplió la zona verde a medio centenar de nuevas plazas situadas, en principio eran de forma provisionales, en el carril de salida de la ciudad en dirección sur, en la avenida de Los Indianos. Juan José Cabrera (PP), en aquel momento alcalde de la ciudad, señaló que "los resultados que ha tenido esta medida en sus primeros meses de funcionamiento nos invitan a ampliar la zona verde". Se entiende que hablaba del número de personas que habían solicitado y pagado la tarjeta.

Sin embargo, la realidad es que la Policía Local, que en principio iba a ser la encargada de controlar estos aparcamientos, ni ninguna empresa privada, al contrario de lo que ocurre con la zona azul, están vigilando que se cumpla con las normas de aparcamiento en esta zona. Fuentes policiales confirmaron a EL DÍA que en las órdenes de trabajo que los agentes reciben "no se encuentra vigilar la zona verde".

Hay que tener en cuenta que los policías locales ni tan siquiera disponen de sistemas de lectura rápida de matrículas como ocurre en otras ciudades. Al contrario, las líneas azules donde está limitado el tiempo máximo de aparcamiento (una hora y media), como ocurre con las plazas marcadas al efecto en el tramo de la avenida Marítima desde el enlace con la avenida del Puente hasta la sede del Cabildo o delante del mercado municipal de abasto, son controladas a la vieja usanza: a papel y bolígrafo.

El exalcalde preguntó durante la última sesión plenaria acerca de esta situación, al ser consciente de que se trataba de una zona que no estaba siendo vigilanda. El alcalde, Sergio Matos (PSOE), reconoció que por ahora, desde el mes de enero que lleva en marcha, no se había presentado ninguna denuncia por el mal uso de la zona verde.

El PP en Santa Cruz de La Palma ha propuesto, en una moción presentada por la concejal Marta Poggio que será debatida en la sesión extraordinaria prevista para el próximo lunes, que desde el ayuntamiento se inste al grupo de gobierno en el Cabildo a que retome las negociaciones para contar en la Isla como una de las fases del World Padel Tour, como ya ocurrió en abril de 2015, y que desde el área insular de Deportes se ha descartado. Poggio ha manifestado que la decisión de la Institución insular "es bastante preocupante, ya que se está privando a Santa Cruz de La Palma de uno de los principales eventos deportivos con los que contaba, con todo lo que ello supone". La concejal del PP informó de que según un estudio dado a conocer a comienzos de año, el pádel irrumpió en La Palma y en menos de diez años "cuenta con más de 2.500 practicantes, con una veintena de canchas, cuatro escuelas en funcionamiento y más de treinta torneos anuales, lo que justifica sobradamente el interés que genera". La primera experiencia no contó con el apoyo de espectadores que se esperaba, aunque no es menos cierto que la Transvulcania comenzó de la misma manera.