El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane sigue años después sin poder esclarecer de forma fehaciente si el documento que utilizó el banco Santander para justificar la retirada de 301.000 euros de la cuenta de una sociedad privada, Bussines Anglo American Cock, fue o no manipulado, según los informes a los que ha tenido acceso esta redacción, optando por recurrir a la intervención del Departamento de Grafística de la Guardia Civil.

Lo que el juez quiere conocer es la secuencia de realización del escrito con el que se transfirió el dinero, "para verificar si la firma y el manuscrito que aparece en documento se hizo en el mismo momento (como afirma el banco) o si la firma estaba estampada previamente y el texto se rellenó con posterioridad (como denuncia la empresa afectada)".

El hecho ocurrió en la oficina del Santander en Los Llanos de Aridane y la sociedad era propiedad del empresario vasco César Gil, ligado a la Isla por sus proyectos turísticos en Tazacorte.

Cada una de las partes, que incluso difieren sobre si ha sido o no clarificado el destino final del dinero, ha realizado una pericial del escrito. Y, como era de suponer, no coinciden. La expuesta por el Santander deja claro que, a su juicio, no hay dudas de que el documento no fue manipulado, aunque se centra más en la autenticidad de la firma, mientras que el perito contratado por Bussines no es tan concluyente y apunta que "no descartamos abusos de firma en blanco debido a la mayor concentración de componentes orgánicos volátiles y la ausencia de componentes de degradación de los colorantes en la tinta de los manuscritos respecto a la tinta de la firma".

El juez optó entonces por recurrir a la Guardia Civil, cuyo departamento de grafística ha solicitado el documento dubitado en original para poder llevar a cabo un "cruzamiento de trazos".

Sin embargo, los juristas del banco Santander ha presentado un escrito ante el juez en el que se oponen "a la práctica de un nuevo caligráfico o documentoscópico por la policía científica", ya que a su juicio los realizados con antelación (afirma que han sido tres) son "suficientemente ilustrativos a los efectos que aquí nos ocupan".

"No se trata de interesar indefinidamente a capricho de la denunciante la ilimitada elaboración de informes sin razón de ser que no sea el dar con uno que sostenga la tesis que le conviene a la mercantil denunciante, de que el documento objeto de pericial ha sido manipulado o no se corresponde con la fecha que se le presupone, sino de contar con un medio probatorio idóneo que arroje luz a la presente causa", afirma el abogado del banco al magistrado.

De la misma forma, el Santander mantiene, al contrario que para la sociedad afectada, que se sabe "plenamente y a ciencia cierta el destino" de los 301.000 euros, "pues hasta por seis veces se ha acreditado el pago, abono o correspondencia" de ese dinero, que fue "para la cancelación de un préstamo con garantía hipotecaria que se encontraba a esa precisa fecha reclamado judicialmente".

Por el contrario, Bussines se opone a que se archive la causa y apoya que el juez remita el documento original a la Guardia Civil, afirmando que "Banco Santander ha ocultado durante más de cinco años la desaparición de los 301.000 euros, que ha tratado de justificar con una orden firmada en blanco por una persona no apoderada de la cuenta de Business". Y pide "investigar si se ha producido el abuso de firma en blanco que no descarta" su perito.

La prueba pericial "definitiva"

Además de aceptar que el documento que el banco Santander presentó como prueba para la transferencia objeto de la causa sea analizado por el Departamento de Grafística de la Guardia Civil, Bussines Anglo American Cock ha solicitado al juez una pericial que a juicio de esta sociedad sería "definitiva". En este caso, pide que el escrito sea estudiado por Magdalena Ezcurra Gondra y el equipo de investigadores del que forma parte. Ezcurra Gondra es una de las grandes especialistas radicadas en España, en concreto en el País Vasco, en el análisis de documentos, escritura, firmas, textos, tintas, sistemas de impresión y establecimiento de secuencias temporales, colaborando tanto con instituciones españolas como internacionales. Sin embargo, parece evidente que el juez busca en el departamento de grafística de la Guardia Civil una valoración que, en caso de producirse, puede ser resolutoria. Hacer hincapié en un dato que sostiene la sociedad afectada: la orden de transferencia de los 301.000 euros "no contiene escrito ni fecha, ni la impresión mecánica de su contabilización por la entidad bancaria".