El fiscal que estudió de forma exhaustiva el "caso" de Los Tarajales, con decenas de tomos formados por miles de folios, relaciona el interés del alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, por facilitar la construcción del edificio con el que tenían las empresas y particulares vinculados con el inmueble.
En el escrito de acusación, en el que fundamenta la necesidad de iniciar el juicio oral solicitando penas de cárcel e inhabilitación para el regidor municipal, cuatro exconcejales y el arquitecto municipal, el fiscal advierte de que el alcalde "mantuvo una línea de actuación uniforme y constante a pesar de la incertidumbre jurídica", con sentencias que dejaban claro que el edificio se iba a construir dentro de la servidumbre de Costas.
La pretensión del regidor municipal fue desde el inicio "que el suelo incluido en el polígono 6 de las Normas Subsidiarias de 1987 como suelo apto para urbanizar, adquiriera la condición de urbano, llegándose incluso a poder concluir que al menos en aquellas épocas pretéritas pudo actuar movido por un interés cuanto menos inusual, y coincidente con el de los distintos particulares y empresas que tenían expectativas urbanísticas sobre esos terrenos", según se recoge de forma textual en el escrito de acusación.
El fiscal afirma que ese el interés del alcalde "se desprende de los contactos que mantuvo con quien de modo simultáneo actuaba como intermediario en nombre de la empresa Diursa para la compra de esos terrenos en 1998, Marcos Barreto Weeden, que fue escogido en una ocasión por el alcalde como uno de los asesores de los intereses municipales", tal y como resulta del acta de la Cumac de fecha 28 y 29 de abril de 1998.
En ese acta consta que "el alcalde reitera el interés de índole político en orden a la necesidad de aprobar las normas y en especial el carácter urbano del suelo disentido, dando lugar a un intenso debate, si bien la Cumac no aceptó en esa ocasión la tesis municipal y acordó dejar sobre la mesa el informe que estaba siendo requerido por la Dirección General de Costas sobre la clasificación de este suelo".
Hay que tener en cuenta que en esas fechas se estaba tramitando el expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre en ese concreto tramo de la costa, en tanto se justificase debidamente que el ayuntamiento que ese suelo reunía a la entrada en vigor de la Ley de Costas los requisitos de suelo urbano.
reacción
El PP solicita la dimisión del regidor municipal. El Partido Popular de Tazacorte ha reclamado la inmediata dimisión del alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, al entender que "existen pruebas más que suficientes para que el primer edil renuncie a su cargo y libere al municipio de más indemnizaciones millonarias". El portavoz del PP, Antonio Rocha, entiende que una vez el fiscal ha solicitado la apertura del juicio oral y pide cárcel e inhabilitación para el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez "no puede seguir al mando del ayuntamiento, no solo por la imagen que genera en la sociedad sino por respeto a los bagañetes", respeto a los vecinos "que ha engañado durante tantos años diciendo que esta causa sería archivada". El PP sostiene que este posicionamiento del Ministerio Fiscal contra el alcalde y demás miembros del grupo de gobierno en 2007 "aclara bastante las prisas y la ansias con las que Ángel Pablo volvió a la Alcaldía en 2015".